Un actor "incmodo": prensa poltica en Crdoba y Tucumn a fines de la dcada de 1870. Discursos, prcticas y representaciones

An "Awkward" Actor the Political Press in Cordoba and Tucuman in the Late 1870s. Speeches, Practices and Performances

Laura Cucchi^* y Mara Jos Navajas^**

^* Universidad de Buenos Aires

^** CONICET–Instituto Ravignani

INFORMACIN SOBRE LOS AUTORES:

Laura Cucchi. Licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente del departamento de Historia en la misma universidad. Becaria doctoral por el CONICET con el tema: "Los lmites de la oposicin: opinin pblica, disenso y violencia poltica. Crdoba (1877–1880)". Miembro del proyecto UBACYT Estado, Poltica y Ciudadana en la Argentina de la Segunda Mitad del Siglo XIX. Prcticas y Representaciones, dirigido por la doctora Hilda Sabato, del Programa de Estudios de Historia Econmica y Social Americana (PEHESA), del Instituto Ravignani, de la UBA.

Mara Jos Navajas. Doctora en Historia por El Colegio de Mxico y becaria posdoctoral por el CONICET–Instituto Ravignani. Su tema de investigacin es "La poltica tucumana entre 1880 y 1893: trayectos desde el consenso al conflicto". Algunas de sus publicaciones relevantes son: "Prcticas electorales y cultura poltica: Tucumn (Argentina), segunda mitad del siglo XIX ", Estudios Polticos, nm. 22, 2003, pp. 227–263; "Las identidades polticas en la retrica de la prensa tucumana,

Fecha de recepcin: junio de 2010  Fecha de aceptacin: febrero de 2011

Resumen

En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre el papel que desempe la prensa poltica en dos provincias argentinas (Crdoba y Tucumn) en el desarrollo de una coyuntura particularmente conflictiva: los aos transcurridos entre la proclamacin de la conciliacin de los partidos en 1877 hasta las elecciones presidenciales de 1880. En ese contexto se produjo un intenso debate en el que diarios y peridicos ocuparon un lugar principal y en el que se articularon temas clave de la poltica decimonnica. Por consiguiente, aparece como un terreno rico para la exploracin de prcticas y representaciones vinculadas al papel de la prensa como actor clave en la enunciacin y divulgacin de opiniones divergentes y, con ello, en la tramitacin del conflicto poltico.

Palabras clave: Poltica siglo XIX, prensa, oposicin, opinin pblica, violencia, Crdoba, Tucumn, Argentina.

Abstract

This paper reflects on the role played by the political press in two Argentinean provinces, Crdoba and Tucuman, in the development of a particularly conflictive moment: the years that elapsed between the proclamation of the conciliation of the parties in 1877 until the presidential elections of 1880. This context saw an intense debate in which newspapers played a leading role and key issues in 19th century policy were discussed. This is fertile ground for the exploration of practices and representations linked to the role of the press as a key actor in the expression and dissemination of divergent opinions and political conflict management.

Key words: 19th century policy, press, opposition, public opinion, violence, Cordoba, Tucuman, Argentina.

PRESENTACIN

El tema de la prensa y de la opinin pblica en la Amrica Latina decimonnica ha merecido particular atencin en los ltimos aos. Trabajos provenientes de la historia poltica, as como aquellas miradas que incorporan las propuestas metodolgicas de la denominada "nueva historia intelectual", han llamado la atencin respecto del papel central que desempe la prensa en los escenarios polticos posrevolucionarios como espacio y herramienta primordial del debate pblico.¹ En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre la labor que ejerci la prensa poltica en dos provincias argentinas, Crdoba y Tucumn, en el desarrollo de una coyuntura particularmente conflictiva.²

El propsito es establecer de qu manera los diarios y peridicos funcionaron como un mbito clave para la expresin de las polmicas y la definicin de las disputas polticas que afectaban a los escenarios locales, pero que tambin tenan un estrecho vnculo con las cuestiones que se debatan a escala nacional. El inters por los escenarios estudiados surge de la gravitacin poltica que ambas provincias detentaron durante la presidencia de Avellaneda (1874–1880), as como del protagonismo de sus dirigencias en la formacin de un nuevo elenco poltico nacional.³

La etapa que delimitamos para analizar la prensa est signada por la poltica de "conciliacin de los partidos", enunciada y promovida desde el ejecutivo nacional a mediados de 1877 para intentar encauzar los enfrentamientos derivados de la eleccin presidencial y, de esa manera, lograr disipar las turbulencias que se avizoraban para la sucesin. Aunque el objetivo principal de dicha propuesta era la supresin de los conflictos que amenazaban la estabilidad institucional, lo cierto es que su puesta en prctica suscit diversas disputas y las elecciones presidenciales de 1880 fueron seguidas de un levantamiento armado de proporciones notables, liderado por el gobernador de Buenos Aires.

En los aos transcurridos entre la proclamacin de la conciliacin hasta la insurreccin, los avatares de la poltica definieron un contexto particularmente agitado, caracterizado por un intenso debate pblico en el que diarios y peridicos ocuparon un lugar principal. En tal sentido aparece como un terreno rico para la exploracin de prcticas y representaciones vinculadas al ejercicio de la prensa como actor clave en la enunciacin y divulgacin de opiniones divergentes y, con ello, en la tramitacin del conflicto poltico. Por otra parte, en tanto prctica comparativa de dos escenarios locales, puede contribuir a identificar problemas e itinerarios comunes, especialmente en lo que se refiere al funcionamiento de la prensa poltica y a la vinculacin nacin–provincias. Al mismo tiempo, ser de utilidad para llamar la atencin sobre las particularidades propias de cada caso.

El texto est organizado de la siguiente manera. En el primer apartado puntualizamos las principales cuestiones acerca del papel de la prensa y su vinculacin con el tema de la opinin pblica, subrayando las contribuciones que desde la historia poltica, as como desde la historia conceptual y de los lenguajes polticos, resultan ms sugerentes para nuestro anlisis. A continuacin exponemos los detalles fundamentales de la propuesta de "conciliacin de los partidos" y precisamos los desafos y discrepancias que suscit su aplicacin. A partir de ese contexto, exploramos los conflictos que se produjeron en Crdoba y Tucumn como consecuencia de la proclamacin de dicha poltica y que aparecen muy visibles en los debates periodsticos. Podrn advertirse ciertas paradojas que, si bien surgen de casos y coyunturas particulares, pueden considerarse propias de las representaciones y prcticas del liberalismo decimonnico. Justamente el anlisis puntual de los diarios y peridicos nos permitir comprobar tales paradojas en lo que se refiere a la prensa y a la opinin pblica.

PRENSA Y OPININ PBLICA EN EL SIGLO XIX

La prensa constituy un mbito medular del debate pblico y del accionar poltico a lo largo del siglo XIX. Durante la etapa de crisis de la monarqua espaola y desarrollo de los movimientos de emancipacin se produjo un notable incremento de diarios y peridicos y, lo que es an ms importante, el papel mismo de estos medios sufri una profunda transformacin en funcin de la urgencia poltica posrevolucionaria de dotar al poder de nuevos principios de legitimidad. A partir de ese momento la prensa funcion como una de las formas en que se materializ la figura elusiva de la opinin pblica que, una vez fundadas las noveles repblicas, se constituy en uno de los pilares fundamentales en los que se asentaba la legitimidad de los gobiernos. Dentro del imaginario republicano, la nocin de pueblo elector como sujeto soberano se complementaba con esa figura de la opinin pblica que deba oficiar como instancia de control de los actos de gobierno.⁴ De all la amplia libertad de prensa sancionada en los distintos escenarios revolucionarios. En el caso especfico del Ro de la Plata, se promulg en 1821 una la ley de imprenta que reconoca su lugar central en el sistema poltico posrevolucionario y, ms an, en el proceso civilizatorio, como "vehculo y fbrica de la ilustracin de los ciudadanos rioplatenses".⁵ Aunque pocos aos ms tarde esa libertad se vio seriamente recortada, la Constitucin de 1853 volvi a sancionarla y, entre los derechos que se les reconocan a todos los habitantes de la Confederacin Argentina, se estableci el de "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa".⁶

A diferencia de otros mbitos de intervencin poltica como las milicias o las movilizaciones electorales, a lo largo del siglo la prensa se mantuvo como espacio vinculado mayormente a las dirigencias.⁷ Estas buscaron presentar all sus polmicas y dirimir sus desacuerdos, como modo de constituir, a la vez que expresar, esa opinin pblica que se invocaba como tribunal de todos los actos polticos. Por ello, las formas en que se pens el papel de la prensa a lo largo del siglo no podan desvincularse del modo en que los contemporneos conceban la figura de la opinin pblica.⁸

Ese debate que la prensa articulaba y amplificaba entraba en contradiccin con una imagen muy cara al liberalismo decimonnico en la que la unanimidad y la uniformidad de opiniones se presentaban como valores altamente deseables y como una precondicin para el orden que pretenda establecerse. Ciertamente, la pretensin por establecer un campo de principios compartidos y unvocos supona la exclusin tanto de ciertos temas que se buscaba mantener impermeables a las lealtades polticas,⁹ como de aquellas nociones y propuestas consideradas nocivas para la armona y el progreso social. Esto plante una cuestin prcticamente irresoluble para la efectiva vigencia de la libertad de opinin, ya que su completo acatamiento poda permitir —y de hecho lo hizo— la difusin de nociones contrarias a los preceptos fundamentales del pensamiento liberal o la promocin de acciones incompatibles con las necesidades de ordenamiento institucional que los distintos gobiernos ensayaban.¹⁰ En este sentido, se ha planteado la idea de un "cortocircuito" entre la proclamacin principista de una libertad de prensa y las consecuencias prcticas que ello rpidamente generaba. ¹¹ La bibliografa coincide en sealar que esta tensin se hizo ms evidente en la segunda mitad del siglo XIX, momento en que se revel ms claramente que, ms all de los deseos de existencia de una opinin pblica monoltica, la heterogeneidad de opiniones y la intensificacin de las disputas se presentaban como hechos irremediables.¹²

En lo que se refiere a los territorios que luego integraran la Repblica Argentina, pueden advertirse cambios significativos a partir de la dcada de 1850. Durante el rgimen rosista¹³ se haban establecido lmites legales, as como otras restricciones prcticas y a menudo violentas, que coartaron seriamente el ejercicio de la libertad de imprenta y obligaron a muchos intelectuales y publicistas a emigrar. De esta manera se procur consolidar un monopolio ideolgico del discurso pblico, en el que progresivamente se fueron identificando el discurso institucional del Estado y el discurso partidario. La reformulacin del esquema poltico e institucional que sigui a la derrota de los gobiernos rosistas gener el mbito propicio para la multiplicacin de las instancias de participacin e intervencin pblica y la reactivacin del debate.¹⁴ Uno de los datos ms palpables de tales cambios es el nmero de impresos: a partir de ese momento comenzaran a proliferar publicaciones cuya suerte dependa, en la mayora de los casos, de los avatares de los sectores polticos que haban impulsado su aparicin, aunque su relacin con ellos no estuviera libre de tensiones. Este crecimiento de la prensa era visto como un sntoma positivo en la experiencia republicana en curso. En sintona con esas percepciones, la prensa se presentaba a s misma como "el gran cronmetro poltico que marca el grado de libertad, civilizacin y progreso de los pueblos".¹⁵

Sin embargo, el cortocircuito al que hacamos referencia volva a presentarse en la medida en que esa multiplicacin daba lugar al conflicto entre opiniones ms que al acuerdo y desafiaba abiertamente a los gobiernos establecidos, promoviendo una intervencin en el espacio pblico que no siempre se consideraba deseable en tanto iba asociada con mtodos violentos. Esa falta de uniformidad en la opinin pblica fue sealada por muchos como la causa de la inestabilidad poltica posCaseros y de las dificultades para la institucionalizacin de un rgimen poltico nacional. De all que, en varias coyunturas especialmente conflictivas, como la guerra del Paraguay (1865–1870) o el levantamiento mitrista de 1874, se buscara limitar la libertad de imprenta, llegando incluso a la clausura de peridicos.

Esa proliferacin de las publicaciones y la intensificacin de los debates formaban parte de un cambio an ms significativo del actuar de los medios en el escenario poltico. Por una parte, diarios y peridicos funcionaban como una herramienta clave para la divulgacin de ideas y, por lo tanto, como un instrumento que se propona persuadir y convencer a un pblico que intervena en la poltica a travs de distintos espacios: elecciones, mtines, asociaciones de variada ndole, etc. Por otra parte, y esta sera la cuestin ms decisiva, la prensa revelaba una notable "capacidad material para generar hechos polticos [...], sirviendo de base para los diversos intentos de articulacin (o desarticulacin) de redes polticas".¹⁶ Esto pone de relieve el papel de la prensa en la apelacin, pero a la vez, en la definicin de identidades colectivas donde la argumentacin racional no tiene tanta importancia como los elementos de tipo emocional. Tales cambios aparecen ntimamente relacionados con las prcticas polticas que caracterizaron esta etapa, donde las disputas por el control de los comicios definieron una dinmica que semejaba una batalla, aunque con lmites previamente establecidos.¹⁷

El vnculo entre esos dos espacios —la prensa y las elecciones— aparece como un trayecto de dos vas: los diarios partidarios promovan la participacin de los electores, daban detalles acerca de la organizacin prevista por las dirigencias y les indicaban con toda precisin por quines deban votar. Todo esto definido por un discurso de antagonismos irreductibles en el que se confrontaba permanentemente con el adversario. Luego vena el da de los comicios que poda desarrollarse con cierto orden y tranquilidad o convertirse en un combate liso y llano. Esto era recogido por la prensa partidaria y representado con una discrecionalidad y parcialidad desembozada, reforzando, de esa manera, un relato de antinomias rgidas, con identidades claramente enfrentadas e incompatibles. En ese itinerario entre las palabras y las acciones los peridicos no slo reproducan antagonismos preexistentes, sino que tambin desempeaban un papel fundamental en la redefinicin de los mismos y, de esta suerte, en la conformacin de sentidos de comunidad.¹⁸

LA "CONCILIACIN" DE LOS PARTIDOS: ENTRE EL CONFLICTO Y EL ACUERDO

Como ya apuntamos en el primer apartado, la etapa aqu considerada se caracteriz por una intensa politizacin que afect a varias provincias y que se expres muy claramente a travs de acaloradas polmicas en los espacios parlamentarios y en la prensa poltica, adems de suscitar episodios violentos de diversa magnitud. Ese vigor en el debate y en las disputas electorales se inscriba en un contexto enmaraado por los realineamientos de los grupos polticos y la conformacin de clubes y partidos con vistas a la carrera presidencial que deba definirse en abril de 1880. Aunque tales enfrentamientos no remitan a proyectos polticos claramente enunciados y diferenciados, deben sealarse dos conflictos que funcionaron como ejes del mencionado debate. En primer lugar apareca un asunto que haba quedado inconcluso desde la sancin de la Constitucin nacional en 1853: la delimitacin de un territorio federalizado que sirviera de asiento y estuviese bajo la jurisdiccin exclusiva de las autoridades nacionales. A lo largo de dcadas se haban esbozado varias leyes para establecer la sede del gobierno federal en Buenos Aires, pero an no se haba logrado una solucin definitiva y las autoridades nacionales permanecan como "huspedes" del gobierno porteo.¹⁹ En segundo lugar se plante el tema que desencaden el conflicto armado entre Buenos Aires y el gobierno nacional a mediados de 1880: cmo se distribua y ejerca el atributo de la violencia legtima.²⁰ Al respecto, las autoridades porteas sostenan que el poder de coercin deba estar repartido entre un ejrcito profesional controlado por el gobierno federal y milicias ciudadanas que respondieran a los gobiernos de los estados. El ejecutivo nacional no admita esta posibilidad; por el contrario, reclamaba el monopolio del poder de fuego y les negaba a los gobernadores toda potestad en la convocatoria y movilizacin de fuerzas.

Tales cuestiones se vincularon muy estrechamente con los enfrentamientos partidarios de esta etapa y con las polmicas acerca de la "libertad electoral" y las acusaciones reiteradas por el fraude y la manipulacin de los votantes. Bajo esas expresiones se haba producido una serie de levantamientos armados en septiembre de 1874 en las provincias de Buenos Aires, San Luis, Crdoba, Mendoza y Corrientes para impugnar los comicios presidenciales realizados unos meses antes. Dicha eleccin haba consagrado por una amplia mayora la frmula Avellaneda–Acosta, que cristalizaba el acuerdo entre el autonomismo porteo y las elites del Interior.²¹El gran derrotado en las urnas fue el Partido Nacionalista que haba postulado a Bartolom Mitre. Losnacionalistas, a travs de sus rganos de prensa, cuestionaron la validez de las elecciones denunciando diversos mecanismos fraudulentos y reivindicando la legitimidad de la protesta armada contra un gobierno que, segn este mismo argumento, violaba la libertad electoral y los preceptos fundamentales del rgimen representativo consagrado por la Constitucin. En tales condiciones la "revolucin" era (invocada como) el nico camino posible para restituirle al pueblo la soberana que le haba sido usurpada.²² De esa manera, los peridicos partidarios cumplieron un papel destacado en la articulacin y difusin de la retrica revolucionaria, pregonando los atentados y fraudes sufridos y postulando el camino de las armas para derrocar a un gobierno que se presentaba como desptico.²³ El objetivo concreto era ejercer presin sobre el gobierno nacional para forzar una negociacin que permitiera a los nacionalistas reincorporarse al mbito institucional. Pero las fuerzas rebeldes fueron derrotadas en dos batallas decisivas y se les impuso el criterio de rendicin incondicional que reafirmaba el principio de autoridad del Estado nacional.

A pesar de ese desenlace, el escenario poltico resultante distaba de proporcionar orden y estabilidad. El partido derrotado sostena la legitimidad de una estrategia que combinaba la abstencin electoral con la protesta armada, lo cual supona una amenaza permanente para el gobierno establecido.²⁴ Desde la perspectiva del presidente Avellaneda, la solucin radicaba en la reincorporacin de la oposicin al escenario institucional. As, una vez sojuzgada la sublevacin y sometidos sus partcipes al imperio de la ley, se propuso sustentar un mensaje de moderacin y conciliacin con los vencidos. En forma conjunta, se subray la necesidad de establecer dos reformas legislativas: la primera deba corregir los vicios de la prctica electoral y garantizar "la verdad del voto popular", mientras que la segunda deba atender aquellos "abusos de la prensa" no contemplados por el derecho comn que slo castigaba las calumnias e injurias.²⁵ Si bien se reconoca explcitamente que no se poda dictar una ley que restringiera la libertad de la palabra, porque contrariaba el espritu y las doctrinas constitucionales, esto no amparaba a aquellas publicaciones que promovan la sedicin contra los gobiernos establecidos:

La Constitucin ha organizado un gobierno con todas las facultades necesarias para su sostn, en la paz por las vas pacficas de la justicia y en la guerra por las armas; y no es cierto que haya querido destruir su obra dejando a su frente otro gobierno antagonista –el gobierno de la procacidad annima y de la demagogia altanera que levanta con ostentacin su tribuna, o por mejor decir su pendn.²⁶

Por otra parte, una serie de condiciones inst a la puesta en marcha de un proceso de negociacin con la dirigencia nacionalista. A la inestabilidad que supona la amenaza de levantamientos armados, se sumaban los conflictos suscitados en varias provincias que demandaban la utilizacin de una cantidad creciente de recursos para el mantenimiento y aprovisionamiento de tropas del ejrcito ocupadas en resolver dichas cuestiones. Esta situacin se vea agravada por la crisis econmica y por potenciales conflictos blicos con Brasil y Chile, sucesivamente.²⁷

Sin embargo, la puesta en prctica de las medidas acordadas con el Partido Nacionalista encontr importantes resistencias dentro de la heterognea alianza que haba respaldado el ascenso de Avellaneda a la primera magistratura. Gran parte de los sectores que integraban esa coalicin consideraba que la marginacin de losnacionalistas constitua un requisito indispensable para consolidar su predominio provincial o regional. Esto era particularmente evidente en el caso del autonomismo porteo, principal adversario de aquel en la disputa por el control de los cargos representativos y administrativos en Buenos Aires.²⁸ Aun as, el lanzamiento formal de la poltica de conciliacin se realiz en forma conjunta con el gobernador de dicha provincia. El paso final para completar las demandas del Partido Nacionalista consista en levantar el estado de sitio y otorgar la amnista para el general Arredondo que haba dirigido la sublevacin y estaba prfugo.²⁹ Esta ltima medida gener numerosos cuestionamientos por parte del autonomismo, de la dirigencia militar y de grupos polticos de varias provincias.

Adems de las discrepancias suscitadas en Buenos Aires, pronto se hicieron evidentes las resistencias en las dems provincias. El compromiso asumido por Avellaneda de garantizar la vigencia de su propuesta en el resto del pas atentaba contra los acuerdos que sustentaban su gobierno en algunas provincias. Lo ms preocupante era que sacuda las estructuras en una etapa en que empezaba a definirse la sucesin presidencial. La aplicacin de la consigna de conciliacin de los partidos supona la reincorporacin de los nacionalistas a los espacios de gobierno mediante la formacin de listas mixtas —es decir, listas de candidatos con representantes de ambos grupos— en los comicios para la renovacin de los cargos electivos: diputados provinciales y nacionales y electores. De esta manera, algunos grupos que haban accedido a dichos cargos a partir de la exclusin de los nacionalistas, formando parte de la coalicin que haba sustentado la candidatura de Avellaneda, resultaran desplazados con la puesta en prctica de la poltica delineada por el presidente. Por estos motivos, la consigna fue escasamente atendida o directamente ignorada en algunas provincias como Entre Ros o Santa Fe. Pero en otras se pens como una estrategia conveniente para subsanar conflictos previos entre la dirigencia local; esos frieron los casos de Tucumn y Mendoza. En definitiva puede decirse que desde un principio la conciliacin fue juzgada de distinta manera por las dirigencias polticas y, sobre la base de esas diferencias, se plantearon lneas de accin divergentes. Mientras algunos entendan que perturbara la vida poltica local, desestabilizando el escenario electoral; otros sealaban que poda ser un mecanismo eficaz para resolver la representacin de un sector de la oposicin en un marco legal que estableca la eleccin por mayora simple de lista completa.³⁰

Tales disidencias y las rivalidades ya mencionadas promovieron una enrgica politizacin en la coyuntura de fines de la dcada, cuya expresin ms clara se advierte en la prensa, no slo por la cantidad de diarios y peridicos establecidos en esos aos, sino tambin por la intensidad del discurso y la virulencia del debate. A su vez, esto nos permite sealar que la prensa no slo funcion como manifestacin del conflicto poltico, sino que tambin contribuy de manera decisiva a su configuracin y materializacin. En los siguientes apartados, mediante el anlisis de los peridicos de Crdoba y Tucumn y las circunstancias polticas de cada caso, podremos desarrollar las cuestiones mencionadas.

LA PRENSA CORDOBESA

Crdoba se ubica en la zona central del territorio argentino y a lo largo del siglo XIX desempe un papel protagnico en las alternativas polticas del ex virreinato del Ro de la Plata. Segn el censo de 1869, su poblacin ascenda a 210 508 habitantes, lo cual la converta en la segunda provincia ms poblada del territorio argentino y le otorgaba un peso bastante significativo en las elecciones presidenciales con 26 electores.³¹ En lo que se refiere a la prensa, tambin aparece en un lugar destacado con 35 peridicos a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Esto la ubicaba entre Buenos Aires, donde aparecieron 221 en el mismo periodo, y provincias como Santiago del Estero o Catamarca, que no registran publicaciones peridicas hasta promediar el siglo.³² El renacimiento de la vida poltica que sigui a Caseros modific este panorama profundamente. Especialmente a partir de la dcada de 1860 tuvo lugar una significativa multiplicacin de las publicaciones, en el marco de una renovada libertad de imprenta. Esta proliferacin se produjo como resultado de las necesidades de organizacin e intervencin poltica en el escenario posCaseros, donde las asociaciones de tipo poltico y la prensa ocuparon un lugar central. Pero, adems, esta expansin era promovida por un discurso liberal que se fue organizando en torno a un punto de consenso bsico entre los distintos sectores polticos locales. Este estaba dado por la percepcin compartida del papel que le caba desempear a la prensa en la modernizacin sociopoltica de la provincia que todos pregonaban como su principal anhelo. Desde ese discurso la organizacin de asociaciones polticas y la fundacin de nuevos peridicos aparecan como las acciones necesarias para dar vida al espritu pblico, formar ciudadanos y fomentar una participacin ms amplia en la vida pblica.³³

Sin embargo, conforme fueron apareciendo nuevos peridicos, comenz a ser planteada una escisin entre las formas deseables y las formas efectivas de funcionamiento poltico. En ese marco, aunque no se impugn el papel de la prensa, se presentaron algunas tribulaciones en relacin con los efectos desestabilizadores que traa una multiplicacin de voces que no parecan tender a uniformarse. As, las opiniones cada vez ms heterogneas que vean la luz en la provincia eran presentadas como un claro sntoma negativo del nuevo teatro poltico.³⁴ Segn lo analizado por Chaves para el periodo, hubo dos cuestiones fundamentales sobre las que se produjo el debate.³⁵ En primer lugar, las reformas secularizantes que, sobre finales de la dcada de los setenta, el gobierno provincial en manos de Antonio del Viso y crculos universitarios anticlericales proyectaban para la provincia. En segundo lugar, la cuestin electoral, tema que se planteaba de manera preferente en la seccin editorial de los peridicos de la oposicin, donde se denunciaban diversos mecanismos que el gobierno instrumentaba para coartar la libertad electoral.

El primer punto de disenso estaba vinculado con las tensiones entre el catolicismo y el liberalismo local. Constituye una peculiaridad cordobesa el poder que la Iglesia catlica tuvo all desde los tiempos de la colonia, y las formas en que esa presencia atravesaba todos los mbitos de la vida poltica provincial. A lo largo de la dcada de 1870 tuvo lugar un conjunto de polmicas entre liberales y catlicos locales, en virtud de una serie de medidas que los sucesivos gobiernos pusieron en ejecucin para modernizar las estructuras administrativas de la provincia, terminando con el dominio que la Iglesia ejerca en algunos mbitos: el registro de nacimientos y defunciones, la regulacin de los matrimonios, el rea educativa y los recursos de bienes de capellanas. Estas fricciones colocaron las cuestiones relativas a la separacin de Estado e Iglesia en el centro de la discusin en la prensa.³⁶ A partir de all comenz a delinearse un discurso catlico claramente poltico,³⁷ sobre todo a travs de la transcripcin de pastorales en El Eco de Crdoba. Este diario haba sido fundado el 13 de septiembre 1862 por Ignacio Vlez, y aunque apoy a distintos sectores polticos provinciales a lo largo de las dos dcadas siguientes, en materia religiosa se mantuvo como la voz principal de los sectores catlicos.³⁸

La Iglesia local presentaba el avance del liberalismo cordobs sobre los espacios que tradicionalmente estaban bajo dominio eclesistico como una ofensiva anticristiana proyectada desde Buenos Aires y ajena a los intereses del Interior. Los sectores ultraliberales de la provincia eran identificados, as, como enemigos de los intereses cordobeses que deban ser combatidos.³⁹ El principal diario liberal local era El Progreso, fundado el 7 de septiembre de 1867 por Ramn Gil Navarro y con el objetivo de luchar "por una causa poltica que era la de la Constitucin, por la extincin de esa filoxera social que se llama fanatismo religioso".⁴⁰ A lo largo de la siguiente dcada fue el principal peridico de oposicin. Esto se modific en 1877 cuando de la mano del nuevo gobernador, Antonio del Viso, llegaron dos importantes figuras liberales de tendencias anticlericales —Miguel Jurez Celman y Carlos Bouquet— al ejecutivo provincial. A partir de all, El Progreso se convirti en el diario ms cercano al oficialismo, tanto en funcin de sus simpatas polticas como por el vnculo financiero que pas a tener con el gobierno provincial.⁴¹

Este diario presentaba estos conflictos con el catolicismo local en trminos de oposicin entre tradicionalismo y progreso:

Estamos presenciando esta grandiosa lucha empeada entre poderosas tuerzas de la poca auxiliadas por el espritu progresista de nuestros actuales mandatarios y las viejas tradiciones del pasado, cuyo solo recuerdo basta para hacer enrojecer de vergenza al ms impasible de sus hijos. Estamos contemplando el terrible combate de las ideas nuevas y liberales con las ideas viejas y retrgradas. El liberalismo, sinnimo de progreso con las preocupaciones de la ignorancia, sinnimo de estancamiento y de retroceso.⁴²

Estos fueron los dos peridicos principales en la provincia hasta 1880, pero existieron muchas otras hojas de vida ms corta. En general la aparicin de las mismas estuvo asociada a disputas electorales que, como mencionamos, constituyeron el segundo punto central de los debates en la prensa.

La poltica cordobesa estuvo dominada hasta 1877 por el Partido Liberal Nacionalista que a lo largo de esa dcada se encolumn tras el apoyo a la gestin de Sarmiento, presidente entre 1868 y 1874, respaldando luego la eleccin de Avellaneda. Este sector cont con el apoyo del Partido Liberal Autonomista de la provincia. Ambos grupos acordaron una frmula negociada para la eleccin de gobernador de 1877, donde el nacionalismo?⁴³ que era el sector con ms poder, coloc su candidato para gobernador. Mientras el autonomismo logr la vicegobernacin para uno de sus hombres, el doctor Antonio del Viso. Pero la muerte del mandatario electo antes de su asuncin, dej a Del Viso al frente del ejecutivo provincial y, con l, jvenes referentes de la juventud universitaria de Crdoba, que defendan posturas fuertemente anticlericales.

A pesar de las proclamaciones a favor de la poltica de la conciliacin de todo el arco poltico de la provincia, a poco andar de este nuevo gobierno se conform en las cmaras un sector de oposicin liderado por hombres delnacionalismo, que se oponan a varias reformas impositivas y administrativas que el autonomismo buscaba llevar a cabo. Las polmicas del mbito legislativo se manifestaron rpidamente en la prensa a travs de la aparicin de nuevos peridicos como Los Principios, El Nacionalista, El Pueblo Libre y El Jaspe. Estos se sumaron a las publicaciones opositoras de ms vieja data como El Eco de Crdoba que mencionamos anteriormente, y La Carcajada, fundada en 1871 por Armengol Tecera, que si bien era claramente opositor alautonomismo, no por ello ahorraba crticas a los hombres del nacionalismo. Desde sus pginas se criticaba a toda la clase poltica y se presentaba, en tono "jocoserio", la situacin local.

Como ya sealamos, el segundo punto ms atendido por las publicaciones estaba dado por las disputas en torno a los comicios. Especficamente denunciaban la participacin del gobierno en las urdimbres electorales para alejar al pueblo de las urnas. Las elecciones eran presentadas en ese sentido como el enfrentamiento entre el pueblo entero que buscaba hacer efectivo el sufragio, y las mquinas montadas por las fuerzas oficialistas que lo impedan. La oposicin sostena que la conciliacin de los partidos proclamada desde Buenos Aires y "aceptada por la opinin" en el Interior constitua

el reconocimiento explcito de los derechos del pueblo por parte del poder elector, es el derecho a su ejercicio sin intervencin de la fuerza, es el imperio de la Constitucin en la realidad, es el respeto de los partidos, es la paz como consecuencia, es la armona para perseguir un gran fin social.⁴⁴

Con base en esto proclamaba que el avasallamiento de las libertades electorales por parte del oficialismo significaba su abandono de la poltica de conciliacin. Conforme avanzaba el ao 1878 y de cara a la renovacin de las primeras magistraturas provincial y nacional entre fines de 1879 y comienzos de 1880, la prdica de la prensa contra el gobierno autonomista se recrudeci. Junto a las crticas dirigidas a Del Viso y su crculo, comenzaba a producirse tambin una impugnacin de la figura de Roca, cuya candidatura a presidente comenzaba a esbozarse con bastante claridad en varias provincias.

El debate en la prensa se agudiz a lo largo de los meses siguientes. La oposicin reinstal los argumentos a favor del uso de la fuerza para defender los derechos y libertades que se consideraban vulnerados. En particular, denunci que se estaba atentando contra el derecho a reunin y a la libertad del sufragio y que, por consiguiente, no quedaba otro camino para expresarse que el "revolucionario"; opinin compartida por el diario que materializaba la voz catlica, y afirmaba que en la medida en que las soluciones constitucionales se vean obturadas, la nica salida para salvar las instituciones republicanas era la resistencia "con las armas en la mano".⁴⁵

Frente a esto el gobierno busc limitar este discurso opositor, restringiendo la libertad de prensa, primero de hecho —a travs del empastelamiento de imprentas, la agresin fsica a periodistas o su prisin sin juicio previo—⁴⁶ y luego a travs de la reforma de la ley provincial de imprenta. El diario cercano al oficialismo —El Progreso— comenz a publicar editoriales donde, sin negar la centralidad de la libertad de imprenta, presentaba lo que consideraba abusos cometidos en su nombre y justificaba en virtud de ellos las decisiones gubernamentales para "contenerlos":

Debido a la suma libertad de imprenta, tenemos en la provincia algunos pasquines que llevados por la fatal corriente que arrastra a sus mismos dolos de barro, cometen el ms grande de los crmenes instigando el pueblo a la revuelta, para lograr los descabellados propsitos de un partido que juega el todo por el todo, para treparse al poder. [... ] Todos los extremos son fatales, ni hay que discutirlo, porque es un axioma; la libertad de imprenta es necesaria, precisa, indispensable, sobre todo en un pas democrtico republicano, pero en la Repblica Argentina y particularmente en Crdoba, los abusos que se cometen de esa libertad llegan precisamente a tocar los extremos, pues en vez de educar las masas, ciertas publicaciones las corrompen y es un sagrado deber del gobierno que ama a sus gobernados cortar cuanto antes tan graves abusos.⁴⁷

En diciembre de 1879 se sancion una nueva Ley de Imprenta⁴⁸ que estableca que se sometera a juicio a todo periodista, o en su defecto al editor responsable, que "injuriase o calumniase" a "magistrados o personas pblicas". Esta reglamentacin consideraba esas acciones actos de rebelda y estableca penas que iban desde multas –que podan ser ejecutadas sobre la propiedad de la imprenta— hasta 30 das de prisin. Esta ley fue aprobada sin dificultades por las Cmaras cordobesas, en las cuales los autonomistas contaban con mayora absoluta. Dado que no siempre se poda establecer el autor de determinada publicacin que deba ser juzgada, result muy importante la inclusin de un artculo que indicaba que todo peridico deba contar con un editor responsable, sobre el cual recaera la pena si no pudiese establecerse la identidad del periodista autor de la falta.⁴⁹ Sancionada esta ley, se solicit a los diarios enviar cuatro ejemplares de cada publicacin y la lista de editores responsables, a lo cual los principales diarios opositores se negaron.⁵⁰ A partir de entonces se sucedieron las denuncias a los diarios opositores (especialmente a El Pueblo Libre) y las multas se saldaron en ms de una oportunidad con el arresto del periodista.⁵¹

Finalmente la eleccin de gobernador fue ganada por el oficialismo con la frmula Jurez Celman–Tristn Malbrn, lo cual fue denunciado por la oposicin como una violacin de la voluntad del pueblo cordobs a travs del fraude y la violencia del Estado provincial. Frente a esta situacin los peridicos opositores justificaron el derecho de rebelin y convocaron a la ciudadana a tomar las medidas necesarias para defender sus derechos ultrajados.⁵² El 26 de febrero de 1880 un sector importante de la oposicin, entre quienes se encontraban las principales figuras del Partido Liberal Nacionalista y los redactores de los diarios opositores, se reuni en la imprenta de El Pueblo Libre y avanz armado de Remingtons en direccin a la casa de gobierno para exigir la renuncia del gobernador y el vice. Aunque apoyado por las fuerzas del la guardia provincial, este movimiento fue sofocado por las armas del ejrcito de lnea⁵³ y sus autores juzgados. A continuacin de esto, fuerzas del oficialismo saquearon y destruyeron las imprentas de todos los diarios opositores y terminaron as con el ltimo espacio en que el desacuerdo era expresado.⁵⁴ En los siguientes meses slo circul el peridico oficialista El Progreso. El 18 de abril, cuando luego de haber adquirido nuevos tipos, La Carcajada pudo reaparecer, se apresur a declarar en tono burlesco: "Lo que es ahora, ni por los mil demonios digo nada de Miguelito [...] Desde ahora me declaro roquista, juarista, avellanedista, y si mucho me apuran me he de declarar almonacidista."⁵⁵

LA PRENSA TUCUMANA

La provincia de Tucumn se ubica en el corazn de la regin norte de la Repblica Argentina, aunque su territorio de poco ms de 20 000 km² es el ms reducido, durante todo el siglo XIX se presentaba como el ms densamente poblado. De acuerdo con el censo de 1869 contaba con 108 953 habitantes, con lo cual se adjudicaba 14 votos para las elecciones presidenciales. Si bien ese nmero no representaba una cifra tan significativa como la de Crdoba, el protagonismo de la dirigencia tucumana en el contexto regional constituye un factor clave para entender su preponderancia en el escenario de la poltica nacional desde principios de la dcada de 1870.⁵⁶

En Tucumn la consigna de conciliacin fue considerada por una parte importante de la dirigencia como una oportunidad para subsanar conflictos que se arrastraban desde tiempo atrs. Incluso, antes del levantamiento de 1874, se haban producido disputas por la eleccin de los representantes provinciales al Congreso nacional que consolidaron la fractura del liberalismo tucumano. El sector entonces derrotado proclam la abstencin electoral y mantuvo cierta vinculacin con el Partido Nacionalista, liderado por Mitre, aunque no lo secund en la estrategia revolucionaria.⁵⁷ Sin embargo, la situacin que se planteaba en el escenario poltico provincial era compleja: la ausencia de los nacionalistas en las contiendas electorales promova comicios ordenados y sin enfrentamientos, pero la concurrencia de votantes registraba niveles muy bajos que llegaban a extremos de inasistencia total. En tales circunstancias las elecciones no podan llevarse a cabo y deba realizarse una nueva convocatoria. A su vez, gravitaba de manera recurrente la amenaza de un levantamiento armado por parte de los grupos excluidos de la competencia electoral.⁵⁸

En tales circunstancias, un sector de la clase gobernante local se comprometi con la consigna de conciliacin expresada por el presidente. El compromiso se tradujo en la eleccin de Federico Helguera como gobernador en agosto de 1877. Pero, a los pocos meses, la aplicacin de dicha consigna en el mbito legislativo y administrativo suscit el fraccionamiento del propio elenco gobernante. Al punto que el sector ms intransigente retir su apoyo a la poltica de conciliacin y se neg a participar de la agrupacin que sustent el acuerdo electoral.

De esta manera, el panorama se presentaba bastante difcil: a la divisin suscitada por las elecciones nacionales, se sumaba el prematuro fraccionamiento del oficialismo provocado por la aplicacin de la consigna promovida por el presidente. Estas escisiones se vieron reflejadas en un inusitado desarrollo de la prensa y en la conformacin de un nmero notable de clubes polticos, mbitos por los cuales se canaliz gran parte de la actividad electoral. As, durante el periodo de vigencia de la conciliacin, funcionaron cuatro peridicos polticos (tres de manera simultnea), a los que se sumaron tres semanarios de corte humorstico–satrico.⁵⁹ Esta cantidad de publicaciones peridicas con una fuerte impronta poltica no registra antecedentes en la provincia. En las dcadas previas lo habitual era la presencia de un nico peridico cuya existencia dependa en gran medida de los recursos y/o subsidios gubernamentales. Esta situacin se pona de manifiesto en el posicionamiento poltico de la publicacin y en el tipo de discurso en relacin con el gobierno y los eventuales adversarios. En ocasiones, algn sector de la elite local enfrentado con el mandatario de turno reuna los recursos necesarios para establecer otro peridico que, desde el primer nmero, articulaba un permanente cuestionamiento al gobierno.⁶⁰

No casualmente, en una de esas ocasiones, durante la dcada de 1860, se decidi promover una ley de imprenta para sancionar los eventuales "abusos", en particular aquellos que atentaban contra el honor de los sujetos. As, la norma sancionada en 1866 estableca que los delitos de injuria eran competencia del juez del crimen y declaraba que, de no identificarse al autor del escrito, la condena deba recaer en el administrador o editor de la publicacin. La pena, acorde a "la gravedad de la injuria", no poda exceder los 200 pesos plata o tres meses de arresto.⁶¹

Unos aos ms tarde, el gobernador exhortaba a los legisladores a que modificaran dicha ley con un argumento que no difera demasiado de lo planteado por el ejecutivo nacional, aunque menos explcito: "La libertad de la prensa, que es un hecho prctico por primera vez entre nosotros, [...] reclama urgente la reforma de la ley que rige para los juicios de imprenta."⁶² El mandatario no sealaba cules eran los motivos que justificaban su pedido, pero resulta claro que la vigencia efectiva de la "libertad" haca necesaria su regulacin. Sin embargo, la ley de 1866 no fue reformada y finalmente se resolvi su derogacin el 13 de marzo de 1874. Por otra parte, es interesante notar que el Reglamento de Polica sancionado en 1877 abordaba el problema de los escritos annimos e injuriosos y declaraba que, "en guarda de la moral pblica y de las buenas costumbres", esa fuerza deba castigar severamente a los que "verifiquen exhibiciones obscenas, circularen pasquines o expendieren o distribuyeren cuadros u objetos de aquella clase".⁶³ En definitiva, la perspectiva acerca de las restricciones que podan aplicarse a la libertad de prensa fue variando en el escenario tucumano, aunque constituy un tema que con recurrencia apareca en el horizonte de preocupaciones de la dirigencia poltica, las respuestas ensayadas frieron bastante dismiles. Si bien se mantuvo una serie de disposiciones que procuraban preservar el honor y la reputacin de los sujetos, esto tuvo una aplicacin bastante acotada y ms centrada en la moral pblica que en la poltica.⁶⁴ Por el contrario, la prdica virulenta de la prensa y la reivindicacin de la protesta armada apareca como una preocupacin recurrente de los gobernantes.

Ese tipo de discurso se reactivaba en las coyunturas de mayor politizacin, como es el caso que aqu analizamos. En lo que se refiere a la prensa tucumana entre 1877 y 1878, debemos partir de un dato bsico: cada uno de los peridicos que entonces se publicaron funcion, con mayor o menor fidelidad, como la voz de un grupo poltico ms o menos definido. As, mientras El Independiente era el diario vinculado al Club Unin y expresaba el discurso oficial, reivindicando los aciertos del gobierno y rebatiendo los cuestionamientos que reciba, El Cndor —y luego su sucesor El Argentino— representaba al grupo que se identificaba como mitrista onacionalista y articulaba un discurso de crtica casi permanente a la poltica gubernamental, tanto local como nacional.⁶⁵ En una posicin especial se situaba el diario La Razn, no slo por el discurso que sostuvo durante la etapa analizada, sino porque era la publicacin ms antigua de la provincia. A diferencia de los peridicos que mencionamos primero, los cuales haban comenzado a editarse entre 1877 y 1878, La Razn databa de 1872 y fue la primera publicacin que en la provincia logr establecerse con una frecuencia diaria.⁶⁶ Este impreso, si bien plante una mirada reprobatoria con respecto al gobierno provincial, fue ms indulgente frente al gobierno nacional. Dicho posicionamiento remite a las ya sealadas alternativas de la clase gobernante tucumana que, a raz de disidencias propias acentuadas por la aplicacin de la consigna de conciliacin, haba sufrido una fractura importante. De esta suerte el diario La Razn configuraba y manifestaba el discurso de un grupo que, alejado del mandatario provincial, procuraba mantener sus vnculos con la dirigencia nacional.

En estrecha relacin con los posicionamientos polticos apuntados se fue delineando un debate en el que las identidades partidarias desempearon un papel central.⁶⁷ Dentro de esa cuestin la prensa planteaba varios tpicos para definir el "nosotros" que se recortaba con claridad frente al "otro" que se tena como adversario. Aqu nos interesa analizar qu componentes caracterizaban cada una de las identidades enfrentadas y de qu manera estas se fueron definiendo a travs de la misma polmica. Obviamente no debemos soslayar que los participantes de dicha polmica seleccionaban los temas y argumentos en funcin de sus propios intereses y propsitos. Pero, dado que el repertorio de temas no poda ser ilimitado y la argumentacin deba ser convincente y coherente, resulta til prestarles atencin para conocer las representaciones e imaginarios que enmarcaban ese combate retrico.⁶⁸ Teniendo en cuenta tales premisas, examinamos cada uno de los peridicos de la poca.

En relacin con la prensa nacionalista puede advertirse la enunciacin de un tpico fundamental para la definicin de la identidad poltica propia: la filiacin con el Partido de la Libertad. Este partido haba desempeado un papel clave en Buenos Aires durante los aos que siguieron a la batalla de Caseros y paulatinamente supo obtener la adhesin de distintos grupos polticos en varias provincias.⁶⁹ En el "programa poltico" publicado se declaraba expresamente:

el partido nacionalista como partido de principios confiesa como credo poltico las tradiciones histricas del gran partido de la libertad argentina, reconociendo su solidaridad con l en los trabajos que han hecho prcticos los derechos de todos y han consolidado la nacionalidad.⁷⁰

La asignacin al "partido de la libertad argentina" de una labor histrica encomiable —la organizacin definitiva de la nacin— y la autoinclusin en dicha labor planteaba una clara pretensin de ocupar un lugar de privilegio en el escenario poltico provincial. Desde esta argumentacin, el derecho a ocupar esa posicin preponderante no se derivaba de una concesin otorgada por el gobierno, tal como sostenan sus adversarios, sino que resultaba del papel histrico desempeado por ese mtico Partido de la Libertad.

Tambin fue tema de polmica la trayectoria poltica inmediata de los integrantes de los clubes y la definicin de los respectivos sectores. En relacin con esto, los nacionalistas trataron de demostrar que su enfrentamiento con el oficialismo no derivaba de la eleccin presidencial de 1874, sino de un conflicto previo que haba tenido lugar mientras se desarrollaban los comicios provinciales. De acuerdo con la versin de El Cndor, en esa ocasin se produjo en la plaza principal una lucha "tan sangrienta como imprevista" y los nacionalistasresultaron derrotados. Luego, la eleccin de un senador nacional suscit otra jornada virulenta y marc la separacin definitiva de aquellos y la decisin de abstenerse en los comicios subsiguientes. Este relato resultaba coherente con la prdica principal del partido referida a las prcticas electorales que exiga la implementacin de medidas para evitar "la violencia, la coaccin y el fraude y asegurar la libertad y la verdad del sufragio".⁷¹

A su vez, dicha prdica se vinculaba con un tema que recibi particular atencin: la estrategia de "abstencin–revolucin" esgrimida por el Partido Nacionalista a partir de su levantamiento armado en 1874. Frente a las acusaciones de El Independiente, vocero del Club Unin, que calificaba a la abstencin electoral como abandono de la lucha y renuncia voluntaria del derecho a participar del gobierno, los nacionalistas declaraban que la abstencin era la lucha, es decir, el mecanismo por el cual haban obligado al gobierno a negociar y a reconocerles el lugar que les corresponda, entregando "al pueblo lo que le haban usurpado en beneficio de unos cuantos".⁷² A su vez, la "revolucin", tan duramente cuestionada por el oficialismo como una rmora del pasado que obstaculizaba el progreso de la nacin, no dejaba de ser legtima a pesar del acuerdo de conciliacin, en tanto era "la ltima razn de los pueblos" y un derecho irrenunciable que preservaba a los ciudadanos de los gobiernos despticos.⁷³ Como puede advertirse, tales argumentos coincidan con los sostenidos por la prensa opositora cordobesa en la antesala del levantamiento armado llevado a cabo por el Partido Nacionalista en 1880 y remiten a una concepcin republicana de la poltica.⁷⁴

Del lado de los unionistas pueden notarse menos elementos para configurar una identidad poltica que los distinguiera de sus adversarios y legitimara su preeminencia en el gobierno provincial. Frente a la coherencia que pareca ostentar el club nacionalista en su trayectoria poltica reciente, los unionistas constituan una agrupacin que representaba a una fraccin minoritaria del comit que haba respaldado la candidatura de Avellaneda. En virtud de tales circunstancias, la nica referencia que poda aglutinar y darle cierra cohesin a este grupo era la consigna expresada en la conciliacin de los partidos. Por consiguiente, haciendo de necesidad virtud, la prensa adepta destacaba como un mrito la falta de "compromisos preexistentes" y la independencia de "todo vnculo anterior".⁷⁵

A su vez, los unionistas debieron replicar la filiacin que sus antiguos aliados les endilgaban. La Razn utilizaba dos argumentos para desacreditar a aquellos: por una parte, describa al Club Unin como "partido de puras colas", formado por individuos que siempre haban figurado en segundo plano en la poltica local, y, por otra parte, afirmaba que varios de sus integrantes eran federales.⁷⁶ Esto ltimo representaba un agravio importante porque supona una filiacin directa con les regmenes rosistas derrocados a partir de Caseros y la participacin en los crmenes que se les atribuan. La rplica para tal acusacin insista en desestimar todo vnculo que pudiera ligar a los partidos entonces organizados con tradiciones polticas que se consideraban caducas y sin ninguna razn de ser:

Los partidos de Tucumn, antes y despus de Caseros, han sido, pues, partidos personales y como tales, no pueden ser considerados sino como agrupaciones de hombres que con sus diversos caudillos a la cabeza se disputaban el poder. Hoy esos partidos no existen y por eso hemos sostenido tambin que no haba federales ni liberales. Y no existen porque cada partido es la expresin de las exigencias, necesidades, ideas y tendencias dominantes de su poca. [...] Los partidos existentes hoy en la Repblica son ms o menos nuevos, y en cuanto a nosotros, somos un partido enteramente nuevo, nacido en la corriente de las ideas de esta nueva frmula poltica de la conciliacin, que es la expresin sinttica ms acabada de las necesidades, exigencias y tendencias naturales dominantes en esta poca de aspiracin sincera por la paz, el bienestar y prosperidad de nuestro pas.⁷⁷

Con este argumento no slo se exima al Club Unin de cualquier vnculo con la tradicin federal, sino que se les negaba a los nacionalistas su principal referente de legitimidad, es decir la pertenencia al partido que se consideraba autor de la unidad nacional y de la organizacin definitiva del Estado argentino y que, en la provincia, se atribua la destitucin y destierro del ltimo "caudillo" federal.⁷⁸ Al mismo tiempo, la argumentacin de El Independiente apelaba a una nocin de partido que tena plena vigencia en el contexto analizado. Es decir la idea de partido como organizacin circunstancial sujeta al ciclo electoral. Como contraparte se censuraba la propuesta de partidos permanentes porque promovan divisiones y enfrentamientos que eventualmente podan mutar en insurrecciones armadas.

Ese abanico de cuestiones que se diriman en las contiendas verbales de la prensa defini un escenario bastante conflictivo para la mentada "conciliacin".⁷⁹ Aunque tal consigna implicaba la concertacin de listas entre los partidos para suprimir la competencia en los comicios, es evidente que esto no supuso la inexistencia de disputas y polmicas. Al mismo tiempo que se debata el tema de las identidades, se plantearon otras cuestiones ms puntuales acerca de los alcances y sentidos de la conciliacin. As, la prensa nacionalista se ocup de reclamar insistentemente por la organizacin poltica y administrativa de los poblados rurales, solicitando el nombramiento de nuevos jueces, comandantes y comisarios. Ms all de la cuestin relativa a los abusos y arbitrariedades que cometan dichas autoridades, lo cierto es que la nica manera de consolidar un espacio de poder en el mbito provincial era accediendo a puestos que resultaban clave para el control de los comicios. Para los unionistas tales exigencias no eran justas y por lo tanto no deban ser atendidas por el gobernador. A su vez, reprochaban a sus aliados por la falta de participacin en las tareas de reclutamiento y organizacin de los partidarios para concurrir a la inscripcin en el Registro Cvico.⁸⁰

Finalmente, quisiramos sealar lo que entendemos como una derivacin importante de la actuacin de la prensa en la coyuntura de la conciliacin avellanedista. Como ya apuntamos, exista una vinculacin formal y declarada entre los clubes y cada uno de los peridicos. En este sentido, la funcin ms concreta de la prensa era la difusin de la actividad de los clubes y comits, informando sobre el horario y lugar de las reuniones, promoviendo la participacin en los mtines y manifestaciones callejeras y exhortando al pblico para cumplir con su "deber cvico" en cada jornada electoral. Pero en las circunstancias especficas de la conciliacin puede advertirse un efecto de apertura y publicidad en relacin con la vida interna de las agrupaciones polticas que, para el caso tucumano, resultaba absolutamente novedoso. As podemos encontrar en los peridicos varios relatos que, con cierto detalle, informaban sobre el desarrollo de reuniones en las que se resolvan temas importantes, como la composicin de las listas de candidatos:

[El Comit Nacionalista] Tena que designar un candidato para diputado a la legislatura y result elegido por mayora de votos el seor Mndez, don Juan Manuel. Despus de hecha la eleccin el doctor Garca (J. A.) presidente ad honorem del comit mitrista de artesanos que vot por el doctor Lobo, quiso fundar la original teora de que a pesar de estar hecha la designacin del candidato con los sufragios de los artesanos [...] se reunieran a la par el comit nacionalista y el de artesanos y que en esa asamblea votando en el mismo derecho Cosso, Mndez, Molina, Posse, etc. y que Manrique, Castro, Visuara, Godoy, Flores, hicieran la designacin del verdadero candidato. No falt, por cierto, quien contestara como era debido y pusiera las cosas en su lugar.⁸¹

Aqu se observa de qu manera, a travs de las reglamentaciones internas y la dispar representacin asignada a cada uno de los comits, la comisin directiva ejerca el papel rector, mientras que el vnculo establecido con los clubes de artesanos mostraba una marcada tendencia a la subordinacin.⁸² Pero lo que nos resulta ms importante de subrayar es la funcin que desempeaba el peridico partidario, no slo describiendo las alternativas de las reuniones, sino que expresando con toda claridad su posicin sobre el asunto e indicando cmo deban desarrollarse tales instancias y qu papel corresponda a cada quien.

La conciliacin de los partidos tuvo una vigencia limitada, no slo por su dispar aplicacin en las distintas provincias, sino tambin porque a los pocos meses de realizados los comicios lleg a su fin. La renuncia de dos ministros del gabinete —Rufino de Elizalde y Jos Mara Gutirrez, que pertenecan al Partido Nacionalista— signific un punto de inflexin en el acuerdo entre el presidente Avellaneda y el nacionalismo. Aunque se nombraron otros ministros identificados con ese partido, la dimisin de Elizalde y Gutirrez fue percibida como una fractura decisiva. La prensa adepta deca: "no hay ms que dos caminos, o los remingtons o la abstencin".⁸³ As, la ruptura del acuerdo se expresaba en el peridico opositor a travs de la reafirmacin de un discurso que sostena la legitimidad de la "revolucin" en tanto atribucin irrenunciable de los pueblos: "el derecho de la revolucin, anterior y superior a toda ley escrita, no [lo] delegan jams los pueblos, en quien reside la soberana originaria, para combatir y dar en tierra con los tiranos".⁸⁴ La recuperacin de un discurso que el gobierno se haba propuesto desarticular con la reincorporacin del nacionalismo al mbito institucional expresaba claramente el fracaso de la conciliacin de los partidos. En ese discurso la vinculacin del partido con el levantamiento armado se legitimaba en tanto ese partido hablaba en nombre del pueblo y el recurso de las armas se sealaba como el deber de los ciudadanos en defensa de su patria.

En Crdoba la disputa entre los partidos y las polmicas planteadas a travs de la prensa tambin haban derivado en una recuperacin del discurso que reivindicaba la va armada. Pero a diferencia de lo ocurrido en la capital cordobesa, el conflicto poltico en Tucumn no motiv episodios de violencia. En el escenario tucumano la retrica de la prensa no se articul con acciones virulentas ni con planes concretos para derrocar al gobierno. El conflicto qued, en principio, acotado al mbito de los peridicos, aunque unos meses ms tarde condujo a un complicado enfrentamiento entre la legislatura y el gobernador que puso a la provincia en la antesala de una intervencin federal. Entonces, la crisis poltica slo logr desactivarse por la mediacin del ejecutivo nacional.⁸⁵

REFLEXIONES FINALES

A partir de los casos presentados en las pginas previas hemos examinado el papel de la prensa como actor poltico clave en los escenarios provinciales definidos por la consigna de conciliacin de los partidos a finales de la dcada de 1870. En esa coyuntura, la amenaza de levantamientos armados que pudiesen conmocionar el ordenamiento institucional apareca como una hiptesis verosmil para los contemporneos. Entonces, la principal preocupacin radicaba en el desarrollo de los comicios, eje de los conflictos ms importantes, frente a los cuales la estrategia de negociaciones y acuerdos preelectorales se consideraba una opcin vlida y efectiva.

Sin embargo, y tal como pudimos advertir, la puesta en prctica de tales acuerdos no garantiz la erradicacin de las polmicas y disputas, poniendo de manifiesto las serias dificultades que involucraba la tramitacin del conflicto poltico en el periodo.⁸⁶ A lo largo de nuestro texto hemos procurado explorar una dimensin de ese problema, analizando la dinmica propia de la prensa poltica y destacando no slo su funcin discursiva sino tambin su capacidad material para producir hechos polticos.

Como vimos, diarios y peridicos desempeaban un papel indispensable en el desenvolvimiento poltico. Las dirigencias haban visto en el desarrollo de la prensa una de las herramientas esenciales para la conformacin de la comunidad poltica que demandaba el proyecto de nacin moderna expresado en el texto constitucional de 1853. En ese marco, pensaron y vieron la proliferacin de publicaciones peridicas como una garanta del avance civilizatorio, al menos en dos dimensiones. Por una parte, como agente de ilustracin de una ciudadana en construccin y de fomento del espritu pblico, por medio de la divulgacin de ideas y a travs de la convocatoria que la prensa realizaba en las coyunturas electorales. A su vez, este ltimo aspecto pona de relieve la importancia estratgica de la prensa para el propio quehacer poltico de las dirigencias. Por otra parte, la prensa se pensaba como espacio de expresin y construccin de la opinin pblica y, por lo tanto, sostn primordial de los gobiernos republicanos.

Sin embargo, junto con estas representaciones que definan el papel deseable que la prensa estaba llamada a desempear, rpidamente se pusieron de manifiesto los inconvenientes y desafos que la actuacin concreta de diarios y peridicos generaba. Entre ellos, uno de los aspectos ms graves se derivaba de la capacidad demostrada para amplificar los desacuerdos polticos, as como de proponer y ejecutar (tal como ocurri en el caso de Crdoba) soluciones armadas. De esta manera se deline un problema prcticamente irresoluble. Por una parte, la libertad de imprenta surga como un precepto indiscutible del ideario liberal que legitimaba, desde su propio origen, a los gobiernos posrevolucionarios y por ello su prescripcin se presentaba impensable. Pero, por la otra, su funcionamiento efectivo como uno de los principales espacios de configuracin y expresin del desacuerdo poltico chocaba con los deseos manifiestos de lograr una uniformidad de opiniones que se consideraba un requisito para la consolidacin del ordenamiento institucional y para el anhelado progreso. Tales cuestiones se volvan especialmente visibles en las coyunturas de mayor politizacin y se volvan urgentes al concertarse con amenazas ciertas de levantamientos armados.

En el contexto de la conciliacin esa combinacin de variables pudo advertirse con claridad. Si bien se present como una medida que promova los acuerdos y la resolucin de las disputas, lo cierto es que desde un principio gener diversos cuestionamientos y varios descontentos. A su vez, la accin de la prensa contribuy de manera notable —tanto en el caso cordobs, como en el tucumano— a exacerbar las discrepancias y materializar el conflicto. Por una parte hay que subrayar el tipo de retrica empleada y los argumentos esgrimidos que planteaban la deslegitimacin del adversario y configuraban antagonismos irreconciliables. Por otra parte, tales apelaciones verbales se enlazaban con exhortaciones al pblico a realizar acciones reidas con el orden institucional que pretenda afianzarse.

En ambos escenarios un punto especialmente debatido era el de los lmites de los espacios legtimos de expresin poltica. Diarios y peridicos denunciaban una efectiva inexistencia de libertades electorales, as como el despliegue de poder del ejecutivo de cada provincia en su bsqueda de control de los comicios. Se daban adems, debates entre diferentes rganos de la prensa respecto de la legitimidad de estrategias abstencionistas o revolucionarias de intervencin poltica.

En Crdoba, otro tema de fuertes polmicas estaba dado por el rechazo que los sectores catlicos manifestaban respecto de las reformas secularizantes que el gobierno autonomista estaba llevando a cabo, mientras que en Tucumn los debates giraban ms fuertemente respecto de la definicin de las identidades polticas y, con ella, de la legitimidad de los contendientes. En ambos casos podemos advertir las dicotomas que nacan de esa configuracin del conflicto entre un "nosotros" y un "otro". Aunque los apelativos eran diferentes y remitan a conflictos especficos de cada escenario provincial, en ambos casos se reproduca una retrica de antagonismos irreductibles y, por lo tanto, incompatible con las pretensiones de conciliacin y acuerdo promovidas por el gobierno nacional.

Dada la capacidad de la prensa de producir hechos polticos concretos, esta amplificacin del desacuerdo produjo situaciones que para los contemporneos ponan en peligro la institucionalidad alcanzada. Esto fue sealado en varias circunstancias como un rasgo pernicioso y alarmante del quehacer poltico y en distintas oportunidades se consider necesario coartar de manera drstica el accionar de la prensa.

Esas acciones coercitivas no fueron planteadas como una supresin de la libertad de imprenta. Los gobiernos ensayaron distintos mecanismos legales para reprimir lo que denunciaban como "abusos" de esa libertad, al tiempo que las acciones violentas contra imprentas para impedir la circulacin de los diarios opositores en ningn caso aparecan como una medida promovida por las autoridades. La intensificacin de los conflictos en Crdoba condujo al gobierno a sancionar una ley restrictiva, que contribuy a estimular la participacin de periodistas y editores de los diarios opositores en el alzamiento armado de 1880. A ese alzamiento sigui, como vimos, la destruccin de todos los peridicos opositores. En Tucumn los enfrentamientos no derivaron en acciones violentas, aunque unos meses ms tarde la disputa por la renovacin de la legislatura condujo a un fuerte conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo que puso a la provincia en la antesala de una intervencin federal.⁸⁷

En este sentido puede decirse que la prensa, aunque protagonista de la vida poltica decimonnica, fue muchas veces un actor incmodo en la medida en que sin ella era impensable la participacin y movilizacin polticas, pero con ella se presentaba inalcanzable la realizacin de las formas deseables de desenvolvimiento poltico que se conceban fundadas en la uniformidad de opinin. La prensa encarnaba as una tensin irreductible entre la necesidad de espacios para la deliberacin, y la voluntad manifiesta de lograr una convergencia en materia poltica como fundamento para un orden que se quera definitivo.⁸⁸

FUENTES CONSULTADAS

Archivos

AGN Archivo General de la Nacin.

AHC Archivo Histrico de la Provincia de Crdoba.

AHLC Archivo de la Honorable Legislatura de la Provincia de Crdoba.

Hemerografa

El Argentino, 1878–1879, Tucumn.

El Cndor, 1877–1878, Tucumn.

El Eco de Crdoba, 1877–1880, Crdoba.

El Independiente, 1877–1878, Tucumn.

El Progreso, 1877–1880, Crdoba.

La Carcajada, 1878–1880, Crdoba.

La Nacin, 1879–1880, Buenos Aires.

La Razn, 1877–1878, Tucumn.

Bibliografa

Alonso, Paula (comp.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formacin de los Estados nacionales en Amrica Latina, 1820–1920, FCE, Buenos Aires, 2003.         

––––––––––, "La poltica y sus laberintos: el Partido Autonomista Nacional entre 1880 y 1886" en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (comps.), La vida poltica en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, FCE, Buenos Aires, 2003.         

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NOTAS

¹ Entre otros: Halperin, Jos, 1985; Duncan, "Prensa", 1980; Alonso, Construcciones, 2003; Goldman, "Libertad", 2000; "Formas", 2003, y Lenguaje, 200S; Myers, Orden, 1995, y "Paradojas", 2003; Palti, Poltica,1998, y Tiempo, 2007; Sabato, Poltica, 1998, y "Reaccin", 2006; Jaksic, Political, 2002; Posada, "Libertad", 2003, y Picatto, "Jurados", 2003, y Tyranny, 2010.

² El recorte temtico del trabajo supone dejar de lado un universo de publicaciones cuyos propsitos no eran especficamente polticos, a saber: revistas literarias o cientficas, peridicos de asociaciones culturales o tnicas, etc., que con cierra regularidad comenzaban a surgir.

³ Al respecto, Halperin, Nacin, 2005.

⁴ En otras palabras, y muy esquemticamente, podra decirse que mientras el "pueblo elector" apareca como el sustento de la legitimidad de origen, la "opinin pblica" se presentaba como un mbito clave para la sancin de la legitimidad de ejercicio.

⁵ Myers, "Identidades", 2003, p. 45. Vanse, adems, Alonso, Construcciones, 2003, p. S, y Goldman, "Libertad", 2000.

⁶ Artculo 14 de la Constitucin de 1S53– El texto completo declara lo siguiente: "Todos los habitantes de la Confederacin gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lcita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines tiles; de profesar libremente su culto; de ensear y aprender".

⁷ Aunque contribuan a ampliar el debate poltico "ms all del estrecho crculo que conformaban la elite y sus portavoces", Rojkind, "Derecho", 2008, p. 139. Es importante sealar que el caso de Buenos Aires ofrece algunas excepciones a la afirmacin realizada. All comenzaran a publicarse durante la dcada de 1870 diversos diarios y peridicos que buscaron "una creciente autonoma del poder", Sabaro, "Vida", 1999, p. 192.

⁸ Excede los lmites de nuestro trabajo dar cuenta de las transformaciones en la concepcin de "opinin pblica" a lo largo del siglo XIX. Para este tema vanse especialmente Palti, Tiempo, 2007; Goldman, "Libertad", 2000, y Sabato, "Pueblo", 2009.

⁹ Como son las cuestiones relativas a los negocios, la cultura, la familia y los afectos privados y, por ltimo, la estera "que abarca desde el marco ideolgico ms general para la vida pblica hasta los debates en tomo a los grandes temas de reforma econmica, fiscal o administrativa". Halperin, Jos, 1985, p. 168.

¹⁰ No desconocemos que bajo el rtulo liberal se engloba un abanico de conceptos, principios y valores heterogneo, plural y problemtico. Entendemos aqu al liberalismo como "una tradicin de pensamiento que a lo largo del siglo XIX tuvo manifestaciones y momentos diferentes entre s" y que constituy "un lenguaje bsicamente compartido por rodos los grupos polticos del periodo", Sabato, "Pueblo", 2009, pp. 12–13– Vanse tambin Botana, Tradicin, 1997, y Roldn, "Question", 2005.

¹¹ La idea de "cortocircuito" la propone Myers al analizar la poltica de reformas del gobierno de Buenos Aires en la dcada de 1820. La cuestin irresoluble que mencionamos arriba aparece muy claramente en la respuesta de ese gobierno a las crticas a su poltica eclesistica sostenidas desde la prensa por el padre Castaeda. Aquel promovi la instrumentacin de juicios de imprenta como una manera de censurar las posiciones que consideraba inaceptables. El argumento clave planteaba que "prohibir una opinin contraria a la libertad |en este caso, la de la Iglesia] no era reducir la libertad, sino incrementarla", Myers, "Paradojas", 2003, p. 93. Si bien en el periodo que analizamos los remas en discusin son bastante diferentes, nos resulta vlida y sugerente la idea propuesta por Myers. Para una etapa posterior, vase Wasserman, "Libertad", 2009.

¹² Palti, Tiempo, 2007, p. 1S6. Vanse tambin Fernndez, "Opinin", 2002, p. 481, y Sabato, "Reaccin", 2006.

¹³ La expresin "rgimen rosista" refiere al movimiento poltico y al sistema de poder organizado bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, entre 1829 y 1852. Este ensayo de organizacin institucional y de definicin constitucional de la situacin de Buenos Aires y las Provincias Unidas se configur sobre la base de un nuevo centro de autoridad en Buenos Aires, organizado a travs de herramientas institucionales (como la acumulacin de poder en el ejecutivo) y de prcticas tendentes a la eliminacin o neutralizacin de los opositores. Ambos instrumentos contribuyeron a una progresiva monopolizacin de todas las instituciones pblicas, lo cual, incluso antes de las restricciones legales a la prensa, significaron la exclusin de los discursos alternativos. Vanse especialmente Myers, Orden, 1995, y Halperin, Revolucin, 2007.

¹⁴ El 3 de febrero de 1852, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador Juan Manuel de Rosas fue derrotado por una coalicin de fuerzas encabezada por Justo J. de Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ros. El propsito declarado de la alianza era el derrocamiento de Rosas, sealado como el principal obstculo para la organizacin constitucional de los ex territorios del virreinato del Ro de la Plata. El resultado de la batalla aparece en la historiografa como la instancia decisiva que permiti a los distintos estados provinciales articular la demanda por la organizacin constitucional, debatiendo y, finalmente, diseando la estructura institucional que deba reemplazar el sistema de acuerdos que rega desde dos dcadas atrs. Entre 1852 y 1S53 se sentaron las bases institucionales que definieron la integracin de las catorce provincias en un Estado federal.

¹⁵ El Progreso, 13 de julio de 1879.

¹⁶ Palti, Tiempo, 2007, p. 192. Esto resulta clave para entender lo que el autor llama "el concepto estratgico de opinin pblica". Segn lo que l mismo argumenta, la opinin pblica deja de ser considerada como un tribunal neutral que busca acceder a una "verdad" que permanece ajena a las polmicas y, en ese sentido, incuestionable. Por el contrario, lo que comienza a emerger es un concepto en el que la opinin pblica funciona como una "suerte de campo de intervencin y espacio de interaccin agonal".

¹⁷ Al respecto seala Hilda Sabato: "el combate electoral tena todos los ingredientes de una guerra: la movilizacin de huestes y su organizacin piramidal; la capacidad y disposicin de estas para la violencia [...], la importancia que se otorgaba al control material del terreno; todo evoca la guerra. Era, sin embargo, una guerra limitada: el escenario era cerrado (el atrio), el objetivo era exclusivamente ganar y mantener una posicin, [...] los participantes estaban definidos de antemano y todo se resolva en un da". Sabato, Poltica,1998, p. 90.

¹⁸ Esto es lo que Palti seala como la dimensin preformativa, en el sentido de creativa, del tipo de discurso caracterstico de la prensa en la segunda mitad del siglo XIX. Palti, Tiempo, 2007, p. 201.

¹⁹ Un breve repaso de las alternativas de este asunto desde la poca virreinal en lvarez, Guerras, 2001, pp. 208–222. La designacin de "huspedes" haba sido enunciada por el gobernador de Buenos Aires.

²⁰ Como seala Hilda Sabato, la disputa acerca del poder militar del Estado, que plantearon por un lado el gobernador de Buenos Aires y por otro el ejecutivo nacional, no Re slo un enfrentamiento coyuntural, sino que expresaba "dos concepciones sobre el Estado y su aparato de coercin que trascendan los alineamientos partidarios". Por otra parte, tampoco se trataba de una disputa nueva, en distintas coyunturas se haban producido debates acerca de ese asunto. Sabato, Buenos, 2008, p. 35.

²¹ Puntualmente la impugnacin le dirigida a las elecciones para diputados nacionales realizadas en febrero de ese ao que derivaron en la alianza mencionada.

El uso de las cursivas en lo que se refiere a los nombres de los grupos polticos supone que la denominacin misma era un tema en debate y, que desde el punto de vista histrico, involucr diversos realineamientos y un pragmatismo que desmiente cualquier definicin ideolgica estricta. Esto, a su vez, guarda ntima relacin con las caractersticas propias de los partidos polticos de esta etapa. Es decir, no se trataba de organizaciones formales ni establecidas, sino ms bien de referencias identitarias que eventualmente se materializaban en una agrupacin concreta con el propsito de intervenir en los comicios. Una vez finalizados los mismos, la agrupacin muchas veces se disolva, aunque la identificacin con el "partido" permaneca como una cuestin central de las polmicas y enfrentamientos.

²² Como seala Hilda Sabato en un anlisis sobre los distintos movimientos armados que protagoniz la ciudad de Buenos Aires entre 1852 y 1890: "el topos de la revolucin como derecho y la figura del ciudadano en armas formaron parte de una concepcin de la poltica fuertemente republicana en la que la violencia tena reservado un lugar legtimo. [...] los protagonistas actuaban en nombre de la libertad y los derechos del pueblo, conculcados por un gobierno desptico". Sabato, "Ciudadano", 2003, p. 166.

²³ Unos meses antes del levantamiento, el presidente Sarmiento denunciaba "el desafuero y la procacidad consentida a que han llegado cierras publicaciones peridicas", llegando al extremo de proclamar "la revolucin sin recato alguno" y patrocinar "la resistencia a las autoridades constituidas, excitando contra ellas el desprecio o el odio y abogando por los rebeldes en armas". Segn el mandatario, esto exceda claramente la libertad de imprenta y los tribunales federales deban aplicar las leyes correspondientes que castigaban el delito de sedicin. Domingo Sarmiento, "Mensaje presidencial de mayo de 1874", en Mabragaa, Mensajes, 1910, pp. 373–374.

²⁴ Refirindose a la provincia de Buenos Aires, base principal del Partido Nacionalista, el presidente Avellaneda subrayaba tales amenazas al tiempo que precisaba el papel de la prensa: "Hay en esta provincia un partido numeroso que se abstiene sin motivo de toda injerencia en la vida poltica, abandonando los comicios electorales, y que se recoge en una acritud que podra llamarse subversiva, si es que prestamos crdito a susrganos en la prensa." Avellaneda, "Mensaje presidencial del 1 de mayo de 1876", en Mabragaa, Mensajes,1910, p. 411.

²⁵ Mensaje de Avellaneda al Congreso, 1 de mayo de 1876, en ibid., pp. 412 y 413. En las pginas previas apuntamos brevemente la vinculacin de ambas cuestiones –las elecciones y la prensa— con el levantamiento atinado de 1874. No hemos localizado ningn trabajo dedicado a la actuacin de la prensa en dicho acontecimiento.

²⁶ Ibid., p.414.

²⁷ Para una mirada general del periodo: Corts y Gallo, Argentina, 2005. Un anlisis puntual de la etapa de la conciliacin en Letrieri, "Repensar", 1999.

²⁸ Lettieri, "Repensar", 1999. Las denominaciones de los principales grupos polticos porteos ("nacionalistas" y "autonomistas") devienen del escenario poltico de inicios de la dcada de 1860. Entonces Mitre diriga el ejecutivo nacional e impulsaba un proyecto de federalizacin que recortaba el territorio de Buenos Aires; el grupo opositor, liderado por Adolfo Alsina, logr trabar dicho proyecto y esto implic una fractura decisiva. El sector que respald la propuesta de Mitre recibi el nombre de "nacionalistas", mientras que los que secundaron a Alsina Rieron denominados "autonomistas".

²⁹ Estas medidas estuvieron precedidas por otras tendentes tambin a conseguir el acercamiento del mitrismo, como son la amnista a los civiles que haban participado del alzamiento y a los soldados que no hubiesen estado bajo bandera, y el levantamiento de la clausura a la prensa partidaria.

El acuerdo definitivo se llev a cabo el 22 de septiembre de 1877 entre las dirigencias del Partido Nacionalista y del Partido Autonomista que pactaron el respaldo a la candidatura de Carlos Tejedor para la gobernacin de Buenos Aires. Esta decisin Re posteriormente ratificada por los respectivos comits y por la prensa partidaria que convoc a la reorganizacin de los clubes parroquiales y a la realizacin de mtines y manifestaciones para celebrar la conciliacin.

³⁰ Es decir que no prevea la representacin proporcional de minoras y que la eleccin poda resolverse hasta por la diferencia mnima de un voto. Vase Costa, Dos, 1927.

³¹ La provincia ms poblada era Buenos Aires con casi 500 000 habitantes. Esto le otorgaba 56 electores para la designacin del primer magistrado. Sin embargo, esto no siempre le garantiz un peso decisivo en las elecciones presidenciales. En relacin con este tema, vase Borana, Orden, 199S, en especial cap. IV, pp. 85–115.

³² Gonzlez, Civilidad, 2002, p. 172. En un escaln intermedio habra que ubicar el caso tucumano para el que se conocen unas siete publicaciones entre 1817 y 1850. Garca, Periodismo, 1972, pp. 11–14.

³³ Vase Vagliente, "Explosin", 2004, pp. 259–276.

³⁴ El Campesino, 8 de septiembre de 1878, citado por Chaves, Tradiciones, 1997, p. 76.

³⁵ Ibid., pp. 75 y ss.

³⁶ Tales cuestiones fueron objeto de intensas polmicas en la dcada siguiente, Borana y Gallo, Repblica,1997. Por otra parte, y tal como se ver en el siguiente apartado, dicho debate estuvo ausente en el caso tucumano.

³⁷ Roitenburd, Nacionalismo, 2000, p. 17.

³⁸ Atiza, Archivo, 2002; Bischoff, Periodismo, 2004, p. 12. No debe pensarse, sin embargo, que los discursos de catlicos y liberales fueron monolticos o permanecieron inalterados a lo largo de la dcada. Al respecto, vase Roitenburd, Nacionalismo, 2000, pp. 31–32.

³⁹ Roitenburd, Nacionalismo, 2000, p. 2S.

⁴⁰ Citado en Bischoff, Periodismo, 2004, p. 16.

⁴¹ El diario obtena una subvencin a cambio de publicar los documentos oficiales. Vase Ibid., p. 20. Vase tambin Ramn Gil Navarro a Miguel Jurez Celman, 2 de julio de 1879, Archivo General de la Nacin (en adelante AGN), sala VII, fondo Jurez Celman, leg. 1951.

⁴² Es importante aclarar que antes de 1880 esta disputa entre fuerzas laicistas e Iglesia no adquiri en Crdoba las dimensiones que registr a partir de la gobernacin de Jurez, y que durante este periodo incluso los sectores ms secularizantes de la elite poltica provincial buscaron no provocar una ruptura ideolgica abierta con la Iglesia que terminara en una fractura de amplias dimensiones. Vase Chaves, Tradiciones, 1997, pp. 197 y ss. La cita es de El Campesino, 5 de mayo de 1S7S, Cruz del Eje, Crdoba, y fue Cornada del mismo libro, p. 151.

⁴³ El Partido Liberal Nacionalista de Crdoba se haba organizado a comienzos de la dcada de 1860 en estrecha vinculacin con el mitrismo. Mantuvo esa alianza hasta finales de esa dcada, cuando volc su apoyo a la candidatura de Sarmiento.

⁴⁴ El Eco de Crdoba, 27 de septiembre de 1877.

⁴⁵ El Eco de Crdoba, 18 de febrero de 1879, en Chaves, Tradiciones, 1997, p. 191.

⁴⁶ El Pueblo Libre, 6 de junio de 1879, Crdoba, Archivo Histrico de la Provincia de Crdoba (en adelante AHC), Cmara del crimen de la ciudad capital, legs. 1879– 406–3. Vase tambin Diario de sesiones secretas, Cmara de Diputados de la provincia de Crdoba, sesin del 31 de octubre de 1879, f. 28, en Archivo de la Honorable Legislatura de la Provincia de Crdoba (en adelante Al–ILC).

⁴⁷ El Progreso, 13 de julio de 1879.

⁴⁸ AHLC, Actas de sesiones de la Cmara de Senadores, vol. 7, fs. 459–462.

⁴⁹ Este punto fue especialmente criticado por uno de los principales miembros de la oposicin, Miguel ngel Angulo y Garca, redactor de El Pueblo Ubre y miembro del Partido Liberal Nacionalista, a quien Miguel Jurez Celman inici varios juicios de imprenta en estos meses. Vanse Miguel Jurez Celman a Julio A. Roca, 9 de agosto de 1879, en AGN, sala VII, fondo Julio Roca, leg. 1236, y Angulo, Homoousios, 1883.

⁵⁰ Chaves, Tradiciones, 1997, pp. 79–80.

⁵¹ AHC, Cmara del crimen de la ciudad capital, leg. 1879–406–3/4/12.

⁵² La Carcajada, 22 de febrero de 1S80; El Pueblo Libre, 6 de junio de 1879, y El Eco de Crdoba, 18 de febrero de 1879, en Chaves, Tradiciones, 1997, p. 191.

⁵³ "Contra los autores y cmplices del movimiento revolucionario de 26 de febrero de 1880", en AHC, Cmara del crimen de la ciudad capital, leg. 1880–419–7, f. 2; La Prensa, 28 de febrero de 1SS0; La Nacin, 2 de marzo de 1880; Antonio del Viso a Dardo Rocha, 26 de febrero de 1880, en AGN, sala vil, fondo Dardo Rocha, leg. 2926.

⁵⁴ La Nacin, 2 de marzo de 1SSO; tambin en Daz, Oligarqua, 1972, p. 237.

⁵³ La Carcajada, 18 de abril de 1880. Con "Miguelito" y "juarista" se refiere al gobernador electo, Miguel Jurez Celman. Avellanedista y roquista remiten al presidente Nicols Avellaneda, y al candidato a sucederlo, Julio A. Roca, mientras que con "almonacidista" hace referencia al gobernador de La Rioja, Vicente Almandos Almonacid. Por su parte, El Eco de Crdoba tard algo ms en volver a circular. Su primera edicin posterior a la revolucin es del 13 de septiembre de 1880. El Pueblo Libre no se recuper del embate.

⁵⁶ Por razones de espacio no desarrollamos ms esta cuestin; para ello, remitimos a Navajas, "Actores", 2008.

⁵⁷ Aunque no se puede hablar de grupos polticos estables y organizados, ya que peridicamente se producan cambios y realineamientos en las alianzas, en Tucumn se conform un sector que mantuvo su identificacin con el liberalismo mitrista hasta bien entrada la dcada de 1SS0. Dicho sector tuvo un acceso limitado y variable a los espacios de gobierno local y nacional. Por otta parte, apareca el sector oficialista, bastante ms heterogneo y cambiante que secund la candidatura de Avellaneda en 1874 y luego la de Roca en 1880, pero que luego se fractur de manera decisiva en la renovacin presidencial de 1886.

⁵⁸ Al igual que en Buenos Aires, la estrategia se resuma en la consigna "abstencin–revolucin". El ministro de Gobierno, Pedro Uriburu, se refera a esa etapa en los siguientes trminos: "en esos tiempos los sostenedores de las instituciones reamos que vivir con el arma bajo el brazo, para sofocar la revolucin que fraguaba un partido, que no obstante todo su poder, jams se ha atrevido a salir a la lucha sino con el apoyo de los gobernantes", La Razn, 17 de lebrero de 1878.

Por otra parce, las complicaciones del escenario poltico se agravaban por los efectos de la crisis internacional que se hacan sentir sobre las actividades productivas tradicionales y sobre las arcas provinciales. En relacin con este rema, vase Guy, Poltica, 1981.

⁵⁹ Lamentablemente de estos ltimos no se han conservado ejemplares, slo se conoce su existencia por referencias en los peridicos mencionados. Al respecto, Garca, Periodismo, 1972, pp. 89–97.

⁶⁰ La nica excepcin al cuadro general que esbozamos se observa en el ao 1869, donde circunstancias de la poltica local plantearon un escenario de violenta fragmentacin dentro de la elite dirigente. Aunque no se han conservado los diarios, pudimos recomponer el contexto poltico a partir de otras fuentes documentales. En relacin con esto, vase Navajas, "Actores", 2008, cap. II.

⁶¹ Cordeiro y Viale, Compilacin, 1917, vol. III, p. 380. Es intersame anotar que el proyecto original estableca el juicio por jurado, pero esto fue modificado sin que hayan quedado registrados los motivos. Lamentablemente no se han realizado an estudios sobre la aplicacin de esta normativa que nos permitan avanzar aqu sobre esta cuestin.

⁶² Mensaje del gobernador Federico Helguera a la legislatura, 18 de febrero de 1873, en bul., vol. V, p. 7.

⁶³ "Reglamento General de Polica", sancionado el 11 de agosto de 1877, en Ind., vol. VI, p. 358.

⁶⁴ Es probable que esto refiera a una interrelacin entre ambas dimensiones, ms que a una separacin tajante, La aplicacin de tales disposiciones puede analizarse a partir de los juicios contra los peridicos con calumnias e injurias, tema que forma parte de una investigacin en curso para el caso tucumano.

⁶⁵ Un anlisis ms detallado acerca de la organizacin y funcionamiento de los clubes polticos puede consultarse en Navajas, "Clubes", 2009. Algunos puntos que se trataron en ese trabajo son retomados aqu en relacin con la prensa partidaria.

⁶⁶ A su vez, si observamos los aos subsiguientes, slo La Razn pudo sostenerse ms all de la coyuntura puntual de la conciliacin, y, con algunas intermitencias, sigui publicndose hasta 1887. Vase Garca,Periodismo, 1972.

⁶⁷ En Crdoba no se produjo un debate sobre la definicin de identidades polticas con la magnitud que lo hizo en Tucumn. Sin embargo, tambin all autonomistas y nacionalistas definieron en sus enfrentamientos ciertas caractersticas destinadas a delinear un "nosotros" y un "ellos", que en ocasiones remitan a apelativos como "liberales" contra "catlicos", y otras a "pueblo" contra "gobierno". Cucchi, "Opinin", 2007.

⁶⁸ Al respecto Skinner advierte "si bien los actores utilizan diferentes argumentos y conceptos para describir y legitimar su accin, no pueden utilizar cualquier argumento para legitimar cualquier accin, sino que estn restringidos a un abanico de posibilidades determinado por normas y conceptos preexistentes. As, el problema que enfrenta un actor no es el de una "adaptacin instrumental de sus principios en funcin de sus proyectos; sino, en parte, es el problema de la adaptacin de sus proyectos para que se enmarquen en un lenguaje preexistente de principios morales". Skinner, "Language", 1995, p. 22. La Traduccin es nuestra.

⁶⁹ Sobre el Parrido de la Libertad y el periodo mencionado hay abundante bibliografa. Aqu slo mencionamos la que nos parece ms pertinente para el tema del trabajo: Halperin, Nacin, 2005; Sabato, Poltica, 199S; Lertteri, Construccin, 2006, y Gonzlez, Civilidad, 2000.

⁷⁰ El Cndor, 3 de noviembre de 1S77.

⁷¹ El Cndor, 3 de noviembre de 1877.

⁷² "Para nosotros la abstencin es lucha. Dos largos aos hemos luchado as, y los rganos del partido no han cesado un solo momento de combatir con el gobierno hasta que lo han vencido." El Cndor, 10 de noviembre de 1877.

⁷³ El Cndor, 13 de noviembre de 1877.

⁷⁴ En relacin con esto ltimo vase la nota 17.

⁷⁵ El Independiente, 2 de noviembre de 1877.

⁷⁶ La Razn, 16 de noviembre de 1877.

⁷⁷ El Independiente, 12 de diciembre de 1877. Las cursivas son nuestras.

⁷⁸ Con esto se aluda al gobernador Celedonio Gutirrez que haba ejercido ininterrumpidamente el cargo desde 1841. Sobre esto enfatizaba la prensa nacionalista "Quien volte a Gutirrez? Quin deshizo a Varela? Quin salv al pas del Chacho? Quin inutiliz a su ltimo caudillo y de dnde vino esa libertad a cuya sombra escalaron el poder, para sostenerse con la accin de influencias bstatelas?" El Cndor, 1 de diciembre de 1877.

⁷⁹ Otro tpico del debate se planteo en tomo a los clubes de artesanos que tanto nacionalistas como unionistaslograron instalar en la capital provincial. Al respecto, vase Navajas, "Clubes", 2009, pp. 26–29.

⁸⁰ Luego de realizados los comicios, el debate se centr en la cantidad de votantes que haba aporcado cada club: ambos se atribuan la gran mayora del electorado y reclamaban al otro por sus escasos aportes en el desarrollo de la votacin.

⁸¹ El Independiente, 22 de marzo de 1878. Cursivas en el original. Tenemos referencias de otras reuniones del mismo cipo, pero por una cuestin de espacio slo incluimos una.

⁸² Del mismo modo puede advertirse la articulacin con los comits formados en los departamentos rurales y con el denominado Club Monteagudo que reuna a la juventud nacionalista. Cada una de estas agrupaciones emita su voto de maneta corporativa, es decir que contaban con un nico voto para definir la composicin de las listas de candidatos, mientras que los miembros de la comisin directiva votaban de manera individual.

⁸³ El Argentino, 25 de abril de 1878.

⁸⁴ Ibid, 27 de junio de 1878.

⁸⁵ Entonces tambin la prensa tuvo una actuacin destacada, pero el anlisis de tales sucesos excede los lmites de este artculo.

⁸⁶ Dicha cuestin ha sido destacada por varios trabajos recientes: Alonso, "Poltica", 2003; Myers, Orden, 1995; Palti, Poltica, 1998, y Tiempo, 2007, y Sabato, Poltica, 1998, y Buenos, 2008.

⁸⁷ Aos ms tarde, en 1887 y en estrecha vinculacin con la renovacin presidencial se produjo en Tucumn un levantamiento armado que derroc al gobernador y logr la destitucin de las cmaras legislativas. All el papel de la prensa Re decisivo en la configuracin y desarrollo del conflicto, al respecto: Navajas, "Identidades", en prensa.

⁸⁸ En las ltimas dcadas del siglo fue modificndose este modo de concebir la opinin pblica en el marco de cambios ms profundos en lenguajes polticos. Esto estuvo vinculado a la complejizacin de la sociedad civil que se produjo en el escenario de transformaciones estructurales que tuvo lugar en la Argentina a finales del siglo XIX. Palti, Tiempo, 2007, pp. 237 y ss., y Sabato, "Reaccin", 2006.

1880–1887", aprobado para su publicacin enTravesa, de la Universidad Nacional de Tucumn, en el dossier de Prensa y poltica del primer semestre de 2011, y "Los clubes polticos en Tucumn: discursos, representaciones y prcticas", Estudios Sociales,Universidad Nacional del Litoral, nm. 36, 2009, Santa Fe, pp. 9–35.