Perdonar y reconciliarse. La Iglesia catlica argentina, el retorno de la democracia y la revisin de las violaciones a los derechos humanos

 

Forgiveness and Reconciliation: The Argentinean Catholic Church, the Return of Democracy and the Review of the Violation of Human Rights

 

Mariano Fabris

 

INFORMACIN SOBRE EL AUTOR:

Mariano Fabris. Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata, becario posdoctoral del Conicet. Docente en la carrera de Sociologa, UNMDP. Ha publicado artculos y captulos de libros sobre temticas de historia reciente en Argentina: "Golpes de Estado, represin y juicios por las violaciones a los derechos humanos en la memoria de nuestros adultos mayores" (en coautora con Marcela Ferrari), en Ferrari, Ricci y Spinelli, Memorias de la Argentina contempornea. La visin de los mayores, 1946-2002, Mar del Plata, EUDEM, 2007; "La Iglesia catlica y el retorno democrtico. Un anlisis del conflicto poltico-eclesistico en relacin a la sancin del divorcio vincular en Argentina", Coletneas do Nosso Tempo, vol. 7, nm. 8, Rondonpolis, Brasil, 2008; "Poniendo la casa en orden. La crisis de Semana Santa de 1987 como crisis del discurso hegemnico sobre la democracia", en Rinesi, Muraca y Vommaro (comps.), Si esto no es el pueblo. Hegemona, populismo y democracia en Argentina, Buenos Aires, UNGS, 2009; "La lite catlica y el retorno democrtico. Una aproximacin a las estrategias episcopales frente a los cambios en el contexto poltico" en Folquer y Amenta (eds.), Sociedad, cristianismo y poltica. Tejiendo historias locales, Tucumn, UNSTA, 2010.

ABOUT THE AUTHOR

Mariano Fabris. Ph. D. in History from the National University of Mar del Plata, post-doctoral Conicet grantholder. Sociology professor, UNMDP. He has published articles and book chapters on issues in recent history in Argentina: "Golpes de Estado, represin y juicios por las violaciones a los derechos humanos en la memoria de nuestros adultos mayores" (co-authored with Marcela Ferrari) in Ferrari, Ricci y Spinelli, Memorias de la Argentina contempornea. La visin de los mayores, 1946-2002, Mar del Plata, EUDEM, 2007; "La Iglesia catlica y el retorno democrtico. Un anlisis del conflicto poltico- eclesistico en relacin a la sancin del divorcio vincular en Argentina", Coletneas do Nosso Tempo, vol. 7, nm. 8, Rondonpolis, Brazil, 2008; "Poniendo la casa en orden. La crisis de Semana Santa de 1987 como crisis del discurso hegemnico sobre la democracia", in Rinesi, Muraca y Vommaro (comps.), Si esto no es el pueblo. Hegemona, populismo y democracia en Argentina, Buenos Aires, UNGS, 2009; "La elite catlica y el retorno democrtico. Una aproximacin a las estrategias episcopales frente a los cambios en el contexto poltico", in Folquer y Amenta (eds.), Sociedad, cristianismo y poltica. Tejiendo historias locales, Tucumn, UNSTA, 2010.

 

Fecha de recepcin: junio de 2011.  Fecha de aceptacin: enero de 2012.

 

Resumen

Las herencias de la represin estatal durante los aos de la ltima dictadura constituyeron uno de los principales desafos para la dirigencia poltica argentina desde el retorno democrtico. Muchas de las ideas que poblaron los discursos polticos fueron enunciadas previamente por los obispos argentinos. Sandrine Lefranc le atribuye a la Iglesia argentina la elaboracin de "una doctrina de la reconciliacin", explcitamente disponible para su traduccin poltica, si no jurdica. Esta imagen debe ser complejizada con la incorporacin de otras voces que dentro del Episcopado plantearon una caracterizacin diferente de lo que deba ser la reconciliacin. Estos sern los ejes a travs de los cuales se abordarn los posicionamientos de los obispos frente a los procesos de enjuiciamiento de militares iniciados en 1984.

Palabras clave: Derechos humanos, perdn, reconciliacin, Iglesia catlica, jerarqua eclesistica, democracia, Argentina.

 

Abstract

The legacy of state repression during the years of the last dictatorship posed one of the main challenges for Argentinean political leaders after the return to democracy. Many of the ideas included in political speeches had previously been expressed by Argentinean bishops. Sandrine Lefranc credits the Argentinean Church with drawing up a "doctrine of reconciliation", explicitly available for its translation into both politics and law. The complexity of this image must be increased through the incorporation of other voices within the episcopacy that provided a different perspective on what reconciliation should involve. These are the main themes that will be used to analyze the bishops' position on the triis of the military begun in 1984.

Key words: Human rights, forgiveness, reconciliation, catholic Church, church hierarchy, democracy, Argentina.

 

Cada vez que el perdn est al servicio de una finalidad, aunque esta sea noble y espiritual (liberacin o redencin, reconciliacin, salvacin), cada vez que tiende a restablecer una normalidad (social, nacional, poltica, psicolgica) mediante un trabajo de duelo, mediante alguna terapia o ecologa de la memoria, entonces el "perdn" no es puro, ni lo es su concepto. El perdn no es, no debera ser, ni normal, ni normativo, ni normalizante.¹

Esperar serenamente y con tranquilidad espiritual y de conciencia, el juicio de Dios y de la Historia a mi conducta.²

 

Introduccin

Desde diciembre de 1983, con la asuncin de Ral Alfonsn como presidente de la nacin, el procesamiento judicial de los responsables de la violencia poltica y la represin constituyeron los ejes que expresaron con mayor claridad las relaciones entre un pasado que cada actor poltico intent moldear de acuerdo a sus intereses y el futuro deseado para la nueva democracia. En otras palabras, un conjunto de interpretaciones beligerantes del pasado prescribieron qu se deba hacer con los militares responsables de las violaciones a los derechos humanos y, al hacerlo, definieron los fundamentos de la nueva configuracin poltica. Hubo una amplia mayora de los representantes polticos y sociales que abogaron por algn tipo de tratamiento jurdico, aunque difirieron en sus alcances. No faltaron los portavoces del rgimen anterior que reclamaron reconocimiento para los militares y asimilaron cualquier intento de revisin como la "venganza de los derrotados".

El objetivo de este artculo es analizar cmo intervino la jerarqua catlica argentina en esa discusin y cmo operaron en esa intervencin los conceptos de perdn y reconciliacin. Estos principios, de fuerte contenido religioso, fueron adoptados tambin por las principales figuras del campo poltico y militar para explicitar una posicin frente al procesamiento judicial de los militares. Sostenemos que la singularidad de la frmula de la reconciliacin planteada por la Conferencia Episcopal Argentina (en adelante CEA) radic precisamente en que la apoliticidad de origen que ofreca la doctrina catlica fue aceptada y legitimada, al menos formalmente, por la mayora de los actores sociales y polticos en tiempos de la recuperacin democrtica. Como ha subrayado Bourdieu, para otro contexto, la "eficacia simblica" de la que disponen los especialistas religiosos depende en buena medida del xito con que se oculta el inters poltico que gua sus luchas.³Entendemos que algo de esto ocurri con la idea de reconciliacin, en cuya legitimacin concurrieron casi todos los actores porque a todos les brind la posibilidad de ocultar a travs de ella sus intereses particulares.

La insistencia de los obispos en torno a la reconciliacin asumi en toda su expresividad los rasgos del discurso religioso sustentado en el doble sentido y el eufemismo,⁴ gracias a lo cual fue polticamente atractivo y permiti la convivencia de diferentes lecturas de aquello que las palabras nombraban. Reconciliacin y perdn no presentaron un significado unvoco y por ello estuvieron disponibles para ser utilizados por todos los miembros de la CEA y tambin para respaldar diferentes reclamos polticos. Esta lgica de intervencin, adems de remitir a la histrica y declamada prescindencia poltica de la Iglesia, expresaba una forma de compatibilizar esa prescindencia con momentos de lgidas discusiones polticas, permita sobrellevar las diferencias entre los obispos y ofreca una va de articulacin entre los siempre confusos espacios de lo religioso y lo poltico. Dirigentes partidarios de diversa procedencia, militares y obispos coincidieron en que el imperativo del momento era que la sociedad argentina se reconciliase. Sin embargo, no era claro lo que implicaba esa reconciliacin, ni su alcance, ni sus mecanismos concretos. Tampoco era evidente cmo intervena el perdn y mucho menos si deba expresarse jurdicamente.

Desde una perspectiva filosfica, Jaques Derrida se refiri a estos sentidos mltiples:

El perdn se confunde a menudo, a veces calculadamente, con temas aledaos: la disculpa, el pesar, la amnista, la prescripcin, etc., una cantidad de significaciones, alguna de las cuales corresponde al derecho, al derecho penal con respecto al cual el perdn debera permanecer en principio, heterogneo e irreductible.⁵

Parece acertado sostener que la Iglesia argentina elabor "una 'doctrina de la reconciliacin', explcitamente disponible para su traduccin poltica, si no jurdica".⁶ Esta imagen, resume bastante fielmente la actitud que asumi la institucin catlica. Sin embargo, debe ser complejizada con la incorporacin de otras voces que dentro de la CEA plantearon una caracterizacin diferente de lo que deba ser la reconciliacin. En las pginas que siguen se abordarn los posicionamientos de los obispos frente a los procesos de enjuiciamiento de militares iniciados en 1984 teniendo presente esa tensin entre los distintos sentidos del llamado a la reconciliacin.

En la primera parte se analiza la cuestin de la reconciliacin y el perdn en un marco ms general, repasando el principal documento papal sobre el tema y planteando los desafos que se abrieron para los obispos argentinos de cara a su labor reconciliadora. Luego, se recorren los documentos episcopales para observar la posicin adoptada por la CEA y se introducen las miradas individuales para dar cuenta de las disputas por el sentido de la reconciliacin cristiana. Finalmente, se abordan estas cuestiones en el ltimo tramo del gobierno de Alfonsn.

El anlisis de la perspectiva episcopal sobre esta cuestin se hace necesario por tres razones. En primer lugar, porque coincidiendo con el retorno democrtico a Argentina, el catolicismo a escala mundial se encontr reflexionando en torno a la problemtica de la reconciliacin. En segundo lugar, porque el discurso religioso que se perfil desde 1981 a partir de la publicacin del documento episcopal Iglesia y comunidad nacional e hizo hincapi en la reconciliacin, fue adoptado, aunque no en forma unvoca, por la mayora de los dirigentes polticos. En tercer lugar, porque el procesamiento judicial de los militares implic una relectura del pasado que no slo erosion la posicin de las Fuerzas Armadas (en adelante FFAA) sino que tambin afect a la Iglesia, cuyos vnculos con el gobierno militar nutrieron las crticas ms fuertes a la labor de los obispos frente a la masacre represiva.

 

La reconciliacin como "poltica" de la Iglesia catlica

En 1983 tuvo lugar el Snodo General de Obispos en el Vaticano, el sexto desde su creacin en 1965, dedicado al tema de la reconciliacin. Entre los 221 asistentes la CEA cont con tres representantes, elegidos por sus pares en la Asamblea Plenaria de la CEA en octubre de 1982, Juan Carlos Aramburu, Ral Primatesta y Estanislao Karlic.⁷ A ellos se sumaron otros argentinos: el cardenal Eduardo Pironio, Antonio Quarracino (designado directamente por el papa) y Lucio Gera (integrante del cuerpo de peritos).⁸

Las propuestas elaboradas en ese encuentro fueron recogidas por Juan Pablo II en la exhortacin Reconciliado et paenitentia dada a conocer en diciembre de 1984.⁹ Si bien este documento tuvo un eminente carcter doctrinal, tambin convoc a una activa pastoral en un mundo en crisis, dividido por enfrentamientos a escala internacional y afectado por una "creciente desigualdad entre grupos, clases sociales y pases" y por "antagonismos ideolgicos todava no apagados".¹⁰

El documento haca mencin a "la conculcacin de los derechos fundamentales de la persona humana" y al "uso de la tortura y de formas injustas e ilegtimas de represin", precisamente en el momento en que la sociedad argentina comenzaba a conocer los detalles ms truculentos de la represin militar.¹¹

La exhortacin, dio un fuerte respaldo a la idea de reconciliacin que ocupaba un lugar central en las intervenciones de los obispos argentinos y puntualiz los principios que deban articular las acciones de los catlicos en esa direccin. En primer trmino, sostuvo que era una condicin esencial del xito de la labor reconciliadora en la sociedad "comenzar por ser una Iglesia reconciliada":

la Iglesia est llamada a dar ejemplo de reconciliacin ante todo hacia dentro; por esta razn, todos debemos esforzarnos en pacificar los nimos, moderar las tensiones, superar las divisiones, sanar las heridas que se hayan podido abrir entre hermanos, cuando se agudiza el contraste de las opciones en el campo de lo opinable, buscando por el contrario, estar unidos en lo que es esencial para la fe y para la vida cristiana, segn la antigua mxima: In dubiis libertas, in necessariis imitas, in mnibus caritas.¹²

En este aspecto la Iglesia argentina cont con la "ventaja" de haber superado durante los aos de la dictadura los enfrentamientos que la recorran por dentro con una cuota de represin que los militares ejercieron sobre los sectores ms progresistas.¹³ De todas maneras, en torno a un tema tan polmico como el del terrorismo de Estado era esperable la emergencia de voces contrastantes que hicieran necesario un esfuerzo en la bsqueda de consensos para guiar las intervenciones episcopales.

A la hora de abordar el origen de las divisiones en las sociedades, el documento papal realiz una diferenciacin entre los pecados personales y los pecados sociales:

no es legtimo ni aceptable un significado de pecado social, por muy usual que sea hoy en algunos ambientes, que al oponer, no sin ambigedad, pecado social y pecado personal, lleva ms o menos inconscientemente a difuminar y casi a borrar lo personal, para admitir nicamente culpas y responsabilidades sociales.¹⁴

Trasladada al contexto argentino, esta idea poda ofrecer un valioso recurso para enfrentar la compleja relacin entre las responsabilidades individuales y las colectivas en torno a la "masacre represiva".

Una ltima cuestin que merece destacarse tiene que ver con las condiciones necesarias para alcanzar la reconciliacin. Segn el documento, "la reconciliacin, para que sea plena, exige necesariamente la liberacin del pecado, que ha de ser rechazado en sus races ms profundas".

Esta idea fue retomada luego para afirmar que:

Al hombre contemporneo parece que le cuesta ms que nunca reconocer los propios errores y decidir volver sobre sus pasos para reemprender el camino despus de haber rectificado la marcha; parece muy reacio a decir "me arrepiento" o "lo siento"; parece rechazar instintivamente, y con frecuencia irresistiblemente, todo lo que es penitencia en el sentido del sacrificio aceptado y practicado para la correccin del pecado.¹⁵

El acto esencial de esa penitencia era la contricin, o sea, un rechazo claro y decidido del pecado cometido, junto con el propsito de no volver a cometerlo.¹⁶

Por los problemas abordados, por ser el resultado del Snodo General de Obispos y por constituir una exhortacin papal, Reconciliatio et paenitentia contaba con el respaldo suficiente para suponer que poda constituirse en un recurso fundamental para guiar la accin de los catlicos argentinos y su jerarqua en el nuevo contexto poltico del pas. Las palabras del papa invitaron a una activa participacin en la discusin poltica del momento. Sin embargo, result sumamente complejo aplicar sus principios doctrinales como superadores de los conflictos que cruzaban a la sociedad argentina. En este sentido, en el interior de la jerarqua catlica argentina el significado de la reconciliacin y las herramientas para alcanzarla, en una sociedad que comenzaba a recuperar el protagonismo poltico, constituyeron un terreno en disputa.

Tempranamente, y ms all de que los obispos haban alertado contra la metodologa represiva practicada desde el Estado, la "doctrina de la reconciliacin" se convirti en complemento y cierre armnico de las heridas infligidas por la represin. El orden impuesto a sangre y fuego por las FFAA encontr en ella una frmula poltica capaz de limitar las consecuencias sociales disociadoras de los "excesos represivos". Como se podr observar en estas pginas, el discurso institucional de la Iglesia amparado siempre en la prescindencia poltica fue importante en la construccin y transmisin de aquella frmula. En esta tarea, el planteo de los obispos se encontr con la descalificacin del sistema judicial que realizaron los principales defensores del rgimen dictatorial en nombre de una justicia superior: la de Dios o la Historia.¹⁷

 

El establecimiento de una posicin institucional frente al procesamiento judicial del pasado

Cada vez que los obispos emitieron opinin sobre la frmula a travs de la cual se deban superar las heridas dejadas por el pasado de violencia y represin en el cuerpo social, destacaron obviamente la pertinencia de la tradicin cristiana y los valores que la nutran. El catolicismo deba guiar la resolucin de los enfrentamientos que cruzaban a la sociedad argentina. As, sustentaron sobre los valores religiosos un planteo destinado a operar en el mbito poltico. Para los obispos era necesario:

coincidir en un espritu y prctica de reconciliacin. Es en este punto donde el espritu cristiano ofrece, en este momento de su historia, su aporte ms propio y especfico. Creemos que es nuestro deber como obispos de la Iglesia apoyar con nuestra palabra la convocatoria a una total y profunda reconciliacin nacional.¹⁸

La idea de reconciliacin fue presentada como la nica alternativa para restituir la unidad de la comunidad y deba fundarse "sobre la verdad, la justicia y la libertad, impregnadas en la misericordia y en el amor".¹⁹ La verdad y la justicia fueron nombradas pero no definidas con claridad; tampoco fueron especificados los instrumentos necesarios o idneos para alcanzarlas. Distinto fue el tratamiento que recibi el concepto de amor presente en los documentos episcopales, que fue identificado con el perdn como su mxima expresin y a este como instancia clave para lograr la reconciliacin. En el mismo sentido, a una justicia demasiado profunda que, en la interpretacin del Episcopado, poda derivar en hechos de mayor injusticia, se le plante como alternativa la idea de perdn. Si bien en el documento Iglesia y comunidad nacional los obispos afirmaron que la reconciliacin deba fundarse sobre la justicia, ya que sera "una burla arrojar sobre la persistencia de la injusticia el manto de una falaz reconciliacin" sostuvieron que

la experiencia demuestra que otras fuerzas negativas, como el rencor, el odio, la revancha e incluso la crueldad, han tomado la delantera a la justicia. Ms an, que, en nombre de la misma justicia, se ha pecado contra ella. La experiencia del pasado y de nuestros tiempos demuestra que la justicia por s sola no es suficiente y que, ms an, puede conducir a la negacin y al aniquilamiento de s misma, si no se le permite a esa forma ms profunda, que es el amor, plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones. Necesitamos los argentinos superar aun la misma justicia mediante la solidaridad y el amor. Necesitamos, urgentemente, alcanzar esa forma superior del amor que es el perdn.²⁰

As, el perdn fue planteado como la llave maestra de la reconciliacin y oper como un recurso eminentemente poltico destinado al logro, en el contexto de la salida de la masacre represiva, de la unidad de la nacin a partir de la limitacin de la justicia.²¹

Ahora bien, qu implic esa idea de perdn? Se trat de un perdn condicionado a un arrepentimiento por parte del victimario -tal como lo planteara luego la exhortacin papal Reconciliatio et paenitentia o fue un perdn incondicional que se otorgaba sin mediar arrepentimiento? En el contexto poltico argentino un perdn sin arrepentimiento reforz la imagen de un perdn instrumentalizado, alejado de la concepcin religiosa e inserto en la lgica poltica.

En los documentos episcopales que se dieron a conocer durante el ltimo tramo de la dictadura y el primer ao de gobierno democrtico, las referencias de los obispos a las condiciones bsicas para establecer el perdn apuntaron a que:

cada uno apacige su propio espritu deponiendo el odio, tenga la valenta de realizar una autocrtica sincera reconociendo los propios yerros, formule con hechos la voluntad de no excluir arbitraria e injustamente a nadie el derecho a participar en la conduccin de la cosa pblica.²²

El 23 de abril de 1983 la CEA dej sentada la referencia ms clara a esas condiciones que deban hacer posible el perdn y la reconciliacin:

La Reconciliacin con Dios obtenida para los hombres por Jesucristo, debe ser asumida, a travs de la historia, por cada uno de nosotros. Ello implica el reconocimiento de los propios yerros en toda su gravedad, la detestacin de los mismos, el propsito firme de no cometerlos ms, la reparacin del mal causado mediante obras de penitencia y la adopcin de una conducta totalmente nueva.²³

Las decisiones que tomaron los militares en las postrimeras de su gobierno revelaron la imposibilidad de un arrepentimiento o de una autocrtica. Dentro de las FFAA existi un consenso irreductible en torno a la defensa de la "lucha antisubversiva". Tan slo cinco das despus de publicado el documento episcopal, el gobierno de facto dio a conocer el llamado "Documento final sobre la guerra contra la subversin y el terrorismo". En l, las FFAA ignoraron las recomendaciones que haban realizado los obispos en lo referido a la reconciliacin, evitaron dar explicaciones y dieron por muertos a los desaparecidos, caracterizaron las acciones represivas como actos de servicio, aseguraron que volveran a actuar igual en similares circunstancias y afirmaron que los "errores" cometidos quedaban "sujetos a juicio de Dios en cada conciencia".²⁴Para el ex dictador Jorge Videla el informe haba sido "hecho con amor".²⁵

La Comisin Ejecutiva de la CEA hizo una lectura escasamente crtica de ese informe. Los obispos que la presidan rescataron que el documento incluy elementos positivos como la pretensin de los militares de rendir cuentas slo ante Dios, ya que importaba "en el creyente una apelacin y un sometimiento" a dicho juicio.²⁶Luego, declararon que eso era insuficiente porque, bsicamente, no existan aquellas condiciones que hacan posible el perdn, "el reconocimiento de los yerros, su detestacin y la bsqueda de caminos posibles de reparacin".²⁷

Estas expresiones llegaron despus de una dura crtica al informe realizada por el papa Juan Pablo II a travs de un mensaje que pronunci en el Vaticano ante miles de fieles. En esa oportunidad, Juan Pablo II sostuvo, en alusin al documento de la Junta Militar, que la "pequea esperanza" que todava les quedaba a los familiares de los desaparecidos en Argentina "haba sido destrozada".²⁸

Luego del retorno democrtico en diciembre de 1983, los documentos episcopales volvieron a insistir en la cuestin de la reconciliacin reiterando los pilares sobre los cuales se deba edificar (justicia, verdad y amor), y subrayaron la centralidad del perdn: "en las actuales circunstancias la verdadera reconciliacin no est solamente en la verdad y la justicia, sino tambin en el amor y el perdn".²⁹

El planteo de los obispos no era nuevo, pero s lo era el contexto poltico. Las referencias al perdn impactaron de manera diferente una vez que los juicios dejaron de ser una posibilidad remota y fueron impulsados por el gobierno constitucional. En este marco, las referencias al perdn devolvieron la imagen de una Iglesia comprometida en la bsqueda de frmulas para evitar el enjuiciamiento de los militares y la profundizacin de la revisin del pasado reciente que poda resultar inquietante para una institucin cuyas relaciones con la cpula militar haban comenzado a ser motivo de crtica ya desde el ltimo tramo de la dictadura.

A partir de 1985 las referencias al perdn y la reconciliacin perdieron presencia en los documentos episcopales. Ello no signific que el tema tuviera menor relevancia social. Por el contrario, con el inicio de los juicios y por lo menos hasta junio de 1987 cuando se sancion la ley de Obediencia Debida, la revisin del pasado -con enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos incluido, fue una preocupacin central del gobierno y los partidos polticos.

De todas maneras, en el documento de 1985, Consolidar la patria en la libertad y la justicia, los obispos volvieron a proclamar la reconciliacin y afirmaron la necesidad del arrepentimiento.³⁰ Aunque esta referencia se incluy en un documento general que se ocup de diferentes situaciones del acontecer poltico, social y econmico, su mencin se vincul, seguramente, con el inicio del juicio a los ex comandantes que ejercieron el poder poltico durante la ltima dictadura. Probablemente los obispos hayan esperado algn tipo de autocrtica de parte de los acusados. Pero el arrepentimiento nunca lleg y las defensas de los militares repitieron en los estrados judiciales que slo aceptaban el juicio de Dios y de la Historia.

Las condenas a los ex comandantes, dadas a conocer en diciembre de 1985, no constituyeron el eplogo de los juicios. Muy por el contrario, implicaron una ampliacin de los procesamientos ms all de lo que el gobierno estaba dispuesto a tolerar en funcin del resguardo de la estabilidad institucional. El gobierno de Alfonsn busc a travs de diferentes medidas limitar los procesos judiciales. Primero fueron las instrucciones a los fiscales en abril de 1986 para que solicitaran la absolucin de los cuadros inferiores de las FFAA. Luego, la llamada ley de Punto Final, de diciembre de ese ao, y finalmente la ley de reglamentacin de la obediencia debida en junio de 1987.

La ley de Punto Final estableci que aquel militar presuntamente comprometido con la actividad represiva que no fuese llamado a declarar en un plazo de 60 das quedara automticamente absuelto.³¹ Frente a esta normativa no hubo una referencia especial de parte de la CEA. Slo la Comisin Permanente incluy en su mensaje navideo una referencia a la reconciliacin "entendida como restitucin de la unidad social", y su presidente, Ral Primatesta, caracteriz a la nueva normativa aprobada por el Congreso como una "coincidencia providencial".³²

La iniciativa del gobierno estuvo lejos de ser exitosa, ya que varios juzgados interrumpieron el receso de verano y avanzaron en el procesamiento de los acusados. En abril de 1987 un grupo de militares, con el apoyo pasivo de la mayora de los oficiales, inici un levantamiento para presionar al gobierno y lograr una solucin al tema de los juicios.³³ Luego de este alzamiento militar los obispos volvieron a manifestarse colectivamente pidiendo la reconciliacin:

Los obispos no podemos, sin traicionar nuestra funcin pastoral, dejar de repetir una vez ms, que la tarea de la reconciliacin nacional sigue siendo urgente y nos compromete a todos. Queremos acompaar con nuestro servicio pastoral a nuestro pueblo en la bsqueda de vas y acciones ms adecuadas que conduzcan a la pacificacin plena.³⁴

Como se observa, ya no se hicieron propuestas sobre las condiciones que deban posibilitar la reconciliacin. En este momento, en medio de una coyuntura poltica apremiante, el Episcopado pas por alto los elementos que dotaban de una apariencia religiosa a su pedido de reconciliacin, en aras de la legitimacin y el xito de las decisiones polticas que calmaran al frente militar. Slo unos das despus el poder ejecutivo envi al Congreso el proyecto de ley aprobado en junio de 1987 que presuma que los autores de violaciones a los derechos humanos haban obrado en virtud de la obediencia debida a sus superiores en un contexto de excepcin y coercin, por lo que no eran procesables por los delitos cometidos.³⁵

 

Los posicionamientos individuales

Un minoritario grupo de obispos, cuyos referentes fueron Jorge Novak, Jaime de Nevares y Miguel Hesayne, sostuvo que la pesada herencia de muertos y desaparecidos que legaba el gobierno militar deba resolverse primeramente en la justicia.³⁶

Segn De Nevares era "indispensable aplicar sanciones seversimas de acuerdo con la justicia" como principal recurso para "reedificar el pas sobre bases slidas y lograr la seguridad de que violaciones tan graves no se vuelvan a repetir".³⁷ Dejando de lado cualquier referencia a la doctrina catlica, el obispo de Neuqun sostuvo que si haba que perdonar a los militares, "entonces hay que abrir todas las crceles porque no debe haber ningn criminal que haya llegado a esos extremos".³⁸

Estos obispos consideraron que la reconciliacin, edificada sobre el perdn proclamado en los documentos episcopales, era el horizonte al que se deba arribar luego de que la justicia actuara estableciendo la "verdad" de lo ocurrido y deslindara responsabilidades. Pero nunca plantearon la reconciliacin como una alternativa a la aplicacin de la justicia. Para De Nevares, la reconciliacin auspiciada por la Iglesia no se basaba "en el olvido sino en que se sepa todo lo que sucedi, sin subterfugios".³⁹

Por su parte, Novak, obispo de Quilines, entendi que:

La justicia no es sinnimo de venganza, es necesaria. Y aunque el Evangelio impone el perdn, esto no quiere decir que las cosas no deban aclararse con leyes justas. La reconciliacin, en todo caso, tiende a dar un paso adelante en este abismo que han abierto el odio y la violencia. La justica es uno de los puentes en ese abismo; su nica certeza es la verdad.⁴⁰

Adems, estos obispos fueron prcticamente los nicos miembros de la CEA que continuaron insistiendo en las condiciones que deberan hacer posible ese perdn. Para Hesayne, obispo de Viedma, "la verdadera reconciliacin cristiana supone reconocimiento de la culpa, arrepentimiento, reparacin y perdn".⁴¹

Consecuentes con sus posturas, estos obispos se opusieron a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En oportunidad de declarar como testigo en una causa contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos, Hesayne rechaz la normativa impulsada por el gobierno radical y sostuvo que no habra "punto final mientras no se descubra la verdad para que la justicia pueda actuar realmente".⁴² En su visin, esa justicia temida por otros obispos como un factor perturbador de la reconciliacin, era en realidad una "justicia medicinal".⁴³ Esta afirmacin puso de manifiesto que la confusin entre la esfera poltica y religiosa era compartida por casi todos los obispos sin discriminacin de perfil ideolgico.

De Nevares se expres en la misma direccin que Hesayne frente a la ley de Obediencia Debida. En su visin, "la impunidad nunca lleva a la reconciliacin", y por ello evalu la nueva ley como la justificacin jurdica de "las presiones militares".⁴⁴

Las voces de Hesayne, Novak y De Nevares fueron excepcionales en el conjunto de la CEA. La mayora de los obispos estuvo unida en la bsqueda de soluciones para lo que caracterizaba como "secuelas de la lucha antisubversiva" y centr sus propuestas en la idea de una reconciliacin alcanzada a travs del perdn como alternativa a la justicia. Estos obispos, inicialmente crticos de la poltica de enjuiciamiento desarrollada por Alfonsn, colaboraron luego en la legitimacin religiosa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida al valorarlas como los pasos necesarios para la reconciliacin. Fueron quienes con ms insistencia y precisin elaboraron una solucin poltica para los procesos judiciales, revestida con la legitimidad que le otorgaba su pertenencia a la Iglesia. Tanto hacia el interior como hacia el exterior de la institucin, su propuesta pretendi sortear las crticas utilizando como ejes valores fuertemente arraigados en la tradicin cristiana.

Los ms activos en este sentido fueron los presidentes del Episcopado, Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, y Ral Primatesta, arzobispo de Crdoba, quienes de forma explcita pretendieron asumir a travs de sus intervenciones la representacin de la institucin. Fueron secundados por un amplio grupo de obispos que aprovech momentos especiales como Pascuas o Navidad para incorporar en sus homilas referencias a la reconciliacin con un contenido inseparable de la coyuntura poltica en la cual fueron formuladas. Ya en diciembre de 1982 Aramburu sostuvo que

la reconciliacin, buscando un bien superior, no es humillacin en venganza de ninguna de las dos partes, sino que requiere y busca el adecuado equilibrio de la verdad, la justicia y la libertad, impregnadas en la misericordia y el amor.⁴⁵

Ms tarde, cuando los militares buscaron una salida a travs de la autoamnista que monseor Quarracino alent, caracterizndola como una "ley de olvido", Aramburu, por entonces presidente del Episcopado, llev esa propuesta a la Comisin Permanente de la CEA para que los obispos consensuaran algn tipo de apoyo. Sin embargo, los representantes de las diferentes provincias eclesisticas no se pusieron de acuerdo y la Iglesia no ofreci el respaldo institucional que esperaban los militares.

De todas formas, varios obispos estuvieron dispuestos a ofrecer personalmente ese respaldo. Para Aramburu las amnistas eran "buenas porque significan un principio de acercamiento".⁴⁶ El arzobispo de La Plata, Antonio Plaza, fue un defensor entusiasta de esta iniciativa.⁴⁷ No era una circunstancia novedosa, ya que el religioso haba mostrado siempre su afinidad con las FFAA y en especial con el general Ramn Camps, una de las principales figuras del terrorismo de Estado. En la homila que Plaza pronunci en la misa de celebracin del Corpus Christi en junio de 1983, hizo referencias a la polmica cuestin de la amnista, aunque sin nombrarla explcitamente:

Perdnanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros hermanos que nos han ofendido. Y pensar hermanos que hay en el mundo, que hay en nuestra patria, nuestra sociedad, entre nosotros, quienes no queremos que se hable de perdn. [...] Yo dira hoy a tantos hermanos nuestros que no quieren perdonar: "Quien sea inocente que tite la primera piedra sobre el prjimo."⁴⁸

En la misma homila, Plaza expuso las disidencias que existan en el interior de la CEA y cmo estas alimentaban las disputas por la representacin del cuerpo de obispos. En referencia al perdn, afirm que "la Iglesia de Jesucristo est con esta doctrina y con estas enseanzas". Luego, rechaz las pretensiones de otras voces: "Hoy hay muchos que hablan y dicen 'La Iglesia'; nuestros peridicos estn llenos de ttulos que dicen: 'La Iglesia se ha pronunciado'. No, la Iglesia se ha pronunciado en el Evangelio de Jesucristo!"⁴⁹

Con estas actitudes, Plaza pona en entredicho los consensos trabajosamente alcanzados por el Episcopado. En sus declaraciones y mensajes lo poltico y lo religioso estuvieron tan confundidos y mutuamente determinados que no result extrao que caracterizara a la amnista como un instrumento evanglico.⁵⁰

De las intervenciones de los obispos se desprende que si bien se vea con buenos ojos el establecimiento de alguna limitacin en la revisin del pasado, no ocurra lo mismo con la posibilidad de que fuera una decisin unilateral del gobierno militar. En 1983, los obispos todava confiaban en la posibilidad de que las FFAA realizaran cierta autocrtica y que, a partir de esta, la amnista surgiera del acuerdo con los partidos polticos, contando con suficiente consenso social. Para entender este rechazo a la decisin unilateral de las FFAA tambin hay que tener en cuenta que no se prevea el tipo de enjuiciamiento que se dio luego del retorno democrtico y que termin convenciendo a la mayora de los obispos de que era necesaria una ley que pusiera fin a los procesos judiciales seguidos contra los responsables de la masacre represiva.

Una vez en democracia y ante los primeros pasos dados en el enjuiciamiento de los militares, fueron cada vez ms frecuentes las voces episcopales que alertaron sobre los peligros que ello esconda. Para talo Di Stefano, arzobispo de San Juan, se estaban

viendo peligros de nuevos desencuentros, de reapertura estril de heridas. [...] Se ven peligros de exaltacin renovada de pasiones tambin improductivas, que desplazan los juicios serenos que exige la hora [...] Hay peligro de perimidos revanchismos.⁵¹

De las expresiones individuales que tempranamente reclamaron por una limitacin de los procesos judiciales, se infiere que en la visin de muchos obispos la idea de justicia que apareca en los documentos- de la CEA, no deba coincidir con la justicia de los hombres. El accionar de la justicia, en palabras del obispo auxiliar de Buenos Aires, Arnaldo Canale, ni siquiera era indispensable ya que los catlicos podan "cubrir la justicia y la injusticia con el amor".⁵² Igual de explcitas fueron las referencias de Primatesta para quien "el perdn corresponde a los hombres mientras que la justica queda en manos de Dios".⁵³

De cara al inicio del proceso judicial a los ex comandantes, la opcin por alguna normativa que diera un cierre a la cuestin gan el apoyo de la mayora del Episcopado. El mensaje pascual del cardenal Aramburu fue claro al respecto, al sostener que la resurreccin de Cristo:

abre, por decirlo as, un libro de reconciliacin a favor de los hombres. [Con] este mtodo de pedagoga divina [...] se extingue el motivo determinante de un delito, de una injuria o de un quebranto tico, y por consiguiente tambin el fundamento de una querella.⁵⁴

Teniendo en cuenta la importancia de la festividad pascual en la tradicin cristiana, que el mensaje del cardenal primado de Argentina haya incluido una referencia tan explcita a la revisin del pasado reciente, puso de manifiesto la preocupacin que despertaba en los obispos. Las palabras del arzobispo parecieron configurar ms que una referencia cristiana de la reconciliacin, una definicin jurdica de la amnista. En este marco confuso, donde la legitimidad religiosa haca un aporte central a la poltica, no fue extrao que Aramburu concluyera que:

Todo conflicto, siempre en algn grado, exacerba pasiones acrecidas por el egosmo y la soberbia y deja interiormente una secuela de sufrimiento y desgaste aun a quien est amparado por la verdad y la justicia. Y se camina as hacia un estado que pide punto final.⁵⁵

Con el inicio de los juicios, se reiteraron los mensajes de los obispos que reclamaban imperiosamente la reconciliacin y el perdn. Generalmente fueron realizados sin establecer condicionamiento alguno. Uno de los pocos obispos exceptuando los ya mencionados Hesayne, Nevares y Novak que sigui insistiendo en ello fue Laguna, quien sostuvo:

no puede hablarse de perdn cuando todava no tenemos conocimiento de la verdad y cuando no ha sido expresado ningn arrepentimiento [se refiere a la posible sancin de una amnista], el perdn es parte fundamental del mensaje cristiano, no hay reconciliacin sin l, pero no puede existir ms que despus de una clara expresin de arrepentimiento, que a mi entender no ha sido de ninguna manera expresado.⁵⁶

Primatesta nuevamente al frente de la CEA desde 1985 tambin hizo referencias al perdn y sus condiciones. Ante un grupo de periodistas, el arzobispo de Crdoba sostuvo que "slo la reconciliacin, con el requisito previo del arrepentimiento, permitir superar las secuelas de la represin antisubversiva".⁵⁷ Es posible que Primatesta no estuviera pensando en el arrepentimiento pblico de las FFAA. Al parecer, el arzobispo hizo referencia a un arrepentimiento abstracto del conjunto de la sociedad:

hay que reconocer lo que uno ha errado y pensamos que en nuestra medida todos nos hemos equivocado, debemos todos buscar el perdn, darlo y pedirlo, y mirar hacia el futuro para construir, porque si no, estamos en una peligrosa espiral de violencia.⁵⁸

As, volvi a insistir en la responsabilidad colectiva, aunque no para propiciar una revisin de las actitudes de los diferentes actores frente a la dictadura, sino ms bien como un mecanismo que en lo inmediato resultaba til para diluir la responsabilidad institucional de las FFAA.

Luego de la condena a los ex comandantes y ante la generalizacin de los juicios, los obispos apoyaron en forma entusiasta la ley de Punto Final en la cual creyeron ver la llave que permitira salir de la situacin conflictiva. Por primera vez desde el retorno democrtico, coincidieron con la poltica gubernamental de enjuiciamiento del pasado reciente, precisamente en el momento en que comenz a corroerse el consenso social que la haba apoyado desde la asuncin de Alfonsn. Para Laguna era "lcito establecer un lmite para el trmite judicial, porque las FFAA tampoco pueden vivir permanentemente en la zozobra".⁵⁹ Por su parte, Aramburu apoy implcitamente la ley al sostener que

prescindiendo de la poltica, no hay duda de que un punto bsico de la misin de Cristo ha sido reconciliar a los hombres con Dios y entre s [...] la opinin de la Iglesia es que hay que buscar el acercamiento, el dilogo, el amor y la paz.⁶⁰

Y Primatesta sostuvo que la patria necesitaba de "un espritu profundo de reconciliacin" y, dada la urgencia por cerrar la cuestin, no haba espacio para las confesiones pblicas.⁶¹

Ante el fracaso de la ley de Punto Final y las presiones militares, los obispos se alinearon en la bsqueda de una normativa que estableciera el perdn y, consecuentemente, aument el aislamiento del minoritario grupo de obispos que se haba manifestado crtico de la dictadura y que continu defendiendo la centralidad de la justicia.

Plaza prosigui con sus reclamos, sosteniendo que "esta gente del gobierno nos ha hecho perder tres aos, discutiendo estas cosas y maltratando a la gente".⁶² No fue menos concreto monseor Medina, vicario castrense, quien combin sabiamente las formas del discurso religioso con los reclamos polticos al elaborar su carta pastoral de Cuaresma sobre la "problemtica del perdn", en la cual sostuvo que era necesario no disfrazar "la venganza con la vestimenta de la justicia". Adems, identific al perdn como "una urgente necesidad" cuyos indicadores eran, entre otros, "el desastroso odio, peligroso rencor, la subversin, el terrorismo criminal, ciertas guerras [...] y la revancha vengadora".⁶³

En la misma direccin, monseor Alemn sostuvo que "el perdn es la condicin fundamental de la reconciliacin entre los hombres; un mundo del que se eliminase el perdn sera un mundo de justicia fra e irrespetuosa".⁶⁴

Parece claro que la doctrina que ofreca la tradicin cristiana en lo referente al perdn y la falta de consensos entre los obispos argentinos dejaba un amplio espacio para que las intervenciones individuales disputaran la representacin de la institucin en este debate.

 

El cierre de una etapa: el discurso de la reconciliacin en los ltimos meses del gobierno de alfonsn

La veintena de oficiales de las FFAA que permanecan detenidos en 1989, en un contexto de masivas liberaciones y desprocesamientos posteriores a la sancin de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, represent para el gobierno saliente un smbolo de su poltica de derechos humanos sustentada sobre la idea de que la democracia se haba impuesto a la corporacin militar y haba fijado hacia el futuro la certeza de que no se volvera a tolerar una experiencia como la de la dictadura.

En el ltimo tramo del gobierno de Alfonsn la Iglesia realiz un aporte fundamental para la generacin del espritu reconciliador que reclamaba el perdn como paso fundamental y que, de alguna manera, prepar a la sociedad para la poltica de indultos que llevara a cabo Carlos Menem.

En diciembre de 1988 los discursos de los obispos retomaron en forma insistente la cuestin de la reconciliacin. Esta insistencia se explica por el contexto poltico y social sumamente inestable y por el tercer levantamiento militar desde el retorno de la democracia. El principal reclamo de los militares rebeldes y en esto coincidan con los "leales" fue la reivindicacin de la llamaba "lucha contra la subversin" y la sancin de una "ley de pacificacin".⁶⁵ La capacidad de presin castrense hizo mella en un debilitado gobierno y ayud a dar forma a un giro en lo que a revisin del pasado se refiere. Pocos das despus del levantamiento, Alfonsn sostuvo que se poda reconocer que durante los aos setenta "hubo un hecho que fue casi una guerra en la que era necesario recuperar la vigencia de las instituciones de la nacin".⁶⁶ En la misma direccin se manifest el ministro de Defensa Horacio Jaunarena:

los gobernantes de aquel entonces y los polticos no acertamos a dar la solucin que impidiera la reproduccin del flagelo que azot a la Argentina a partir de fines de la dcada del sesenta, violencia que subverta el Estado de derecho, cuya perdurabilidad hubiera tornado imposible cualquier proyecto de sociedad que hubiramos querido construir [...] Las Fuerzas Armadas se vieron ante la circunstancia de tener que enfrentar a un enemigo de nuestra convivencia, sin el diseo ni la adaptacin necesaria para esta emergencia. La mayor parte de la lucha se llev cabo fuera del marco de los gobiernos constitucionales, quedando cuestionada la legitimidad poltica y jurdica de una lucha necesaria. Eliminaron el fenmeno, pero no evitaron el reproche.⁶⁷

Estas referencias permiten situar las intervenciones de los obispos en un contexto relativamente novedoso en el cual incluso el gobierno, que haba sustentado en la construccin de una frontera poltica frente al pasado sus principales recursos de identificacin, comenz a legitimar otro tipo de lectura de ese pasado, ms benvola frente a los militares.⁶⁸

El 6 de diciembre de 1988, cuando el levantamiento militar llegaba a su fin, los obispos de la Provincia Eclesistica de Buenos Aires dieron a conocer un comunicado en el cual subrayaron que "la unidad nacional es imposible sin una previa reconciliacin entre los argentinos".⁶⁹ De esta forma, insistieron en el papel crucial que la "doctrina de reconciliacin" tena en la restitucin de una unidad perdida y legitimaron la operatividad poltica de un concepto de races religiosas. Sostuvieron en esta oportunidad que la reconciliacin supona "el reconocimiento de las propias culpas y el compromiso veraz de no repetir hechos como los que provocaron tan graves heridas".⁷⁰ Este reclamo se dio frente a sucesos generados por un grupo de militares que precisamente reivindicaron en forma militante y como uno de sus principales rasgos identitarios la llamada "lucha contra la subversin" y quienes, lejos de estar dispuestos a realizar algn tipo de autocrtica, presionaron al gobierno para lograr el reconocimiento por su tarea.

Finalmente, el mensaje de los obispos sostuvo que no era de su "incumbencia sealar los instrumentos jurdicos aptos en orden a lograr [la reconciliacin]", con lo cual, si bien no definieron una frmula poltica y jurdica concreta para alcanzarla, tampoco descartaron que la reconciliacin pudiese ser producto de decisiones surgidas en esos mbitos.⁷¹ Lo que se pretende subrayar con estas referencias es la estrecha imbricacin entre lo religioso y lo poltico, ya que difcilmente se puede concebir la idea cristiana de reconciliacin a partir de algn tipo de medida que un tercero, en este caso el Estado, imponga a las partes enfrentadas.

El presidente de la CEA desde 1985, Ral Primatesta, llev la voz cantante en este periodo. A travs de conferencias y entrevistas en los medios de comunicacin, defini la posicin de la Iglesia frente al tema. A mediados de diciembre y luego de las deliberaciones de la Asamblea Permanente, Primatesta brind una conferencia de prensa que fue aprovechada por los periodistas para solicitarle definidores sobre la idea de reconciliacin que defenda la Iglesia. El presidente de la CEA asegur que no estaba de acuerdo con la amnista porque supona la continuidad de la separacin entre las partes enfrentadas. Asimismo, entendi que la pacificacin constitua "un esfuerzo por encontrar caminos para hacer algo que borre lo anterior y permita una construccin" y, finalmente, sostuvo que la reconciliacin "entra en el terreno absoluto de lo que es cristiano, que es ya una comunicacin de amor, una comunicacin de vida; significa una peticin de perdn de quien se sabe pecador. Lo que cuesta es saberse pecador".⁷² Segn sus propias palabras, la Iglesia estaba a favor de la pacificacin y la reconciliacin, pero no haba consenso para apoyar una posible amnista. Se trat, entonces, de una propuesta que busc articular una solucin poltica, implcita en el concepto de pacificacin, en el marco reconciliador ofrecido por la Iglesia.

Slo unos das despus, Primatesta dio una entrevista al diario Clarn donde precis sus conceptos.⁷³ En esa oportunidad insisti en que la "amnista significa no recuerdo, no recordar, olvidar [...] pero el olvidar o el dejar, no significa necesariamente que se conjuguen, que se busque una concordancia".⁷⁴ Por el contrario, "pacificacin importa el reconocimiento de que no hay paz o de que la paz es muy dbil [...] Entonces pacificacin significa usar todos los medios, todas las iniciativas, encauzar todo hacia el logro de la paz." El paso siguiente es el de la reconciliacin: "reconciliarse es una convergencia de los corazones que importa abnegacin.

Importa entonces perdn."⁷⁵ Las palabras del obispo insinuaban pero no terminaban de concretar una propuesta, por eso el periodista le pregunt si en concreto esa idea de reconciliacin supona la liberacin de quienes estaban detenidos por la violacin a los derechos humanos. La respuesta de Primatesta, aun siendo esquiva, dej poco espacio para la duda, ya que si bien evit definir cules eran los caminos concretos, no dud en que la justicia deba ser buscada en la "verdad y el amor".⁷⁶

Las concepciones que expona Primatesta fueron compartidas por la mayora de los obispos. Ello no signific uniformidad, como qued expuesto en el mensaje navideo de monseor Hesayne:

La celebracin de Navidad actualmente en nuestra sociedad argentina o es una conversin a Jesucristo y su Evangelio manifestada en la vigencia de todos los derechos humanos, o se seguir hablando de reconciliacin y paz social encubriendo en estas palabras ideologas nacionalistas, liberales o de seguridad nacional. La mera palabra reconciliacin resulta, hoy por hoy, equvoca, y debemos estar muy alerta sobre qu programa poltico se encierra en los que la pronuncian. Los argentinos necesitamos reconocer con claridad que la reconciliacin cristiana no es un mero acuerdo o simple alianza, o compromisos interesados, o amnistas, o mantos de olvido, o borrn y cuenta nueva.⁷⁷

Hesayne centr su crtica en la utilizacin poltica de la reconciliacin y marc de esta forma una distancia considerable frente a sus pares que aceptaron, aunque no siempre en forma explcita, la utilizacin de la reconciliacin como una herramienta poltica.

Habitualmente los reclamos de los obispos fueron incorporados en mensajes que respetaron la formalidad religiosa. Puede ser el caso del obispo de Ro Gallegos, Miguel Alemn, quien, antes de las elecciones presidenciales que le daran el triunfo a Carlos Menem, sostuvo:

hemos de superar toda divisin y poner nuestro empeo en crear el clima apto para que la reconciliacin sea algo verdaderamente efectivo [...] Es necesario aprender de la historia y dejar de lado las apetencias personales y los prejuicios y heridas que separan para trabajar con ahnco en la recuperacin de la prosperidad y la paz que todos anhelamos.⁷⁸

En otros casos, los reclamos fueron ms explcitos. Intervenciones de Desiderio Collino, obispo de Lomas de Zamora, y de Antonio Quarracino hacia el final del gobierno radical, hicieron evidente la perdurabilidad de discursos episcopales reactivos al procesamiento judicial del pasado, que fueron reactualizados en un contexto poltico en el cual las ilusiones democrticas asociadas a la defensa de los derechos humanos dejaron de ser el eje articulador del activismo ciudadano.

En mayo de 1989, la emisora Radio Vaticana entrevist a Desiderio Collino y lo consult sobre los juicios a los militares. Su respuesta fue: "dejemos el pasado. La cuestin ha sido suficientemente tratada en los seis aos de gobierno constitucional. Ahora debemos mirar hacia delante". Despus agreg que no deba olvidarse

que los juicios a los militares no se relacionan solamente con la violacin a los derechos humanos o los excesos en la represin; hay tambin -y lo debemos reconocer honestamente un juicio ideolgico por parte de aquellos que en el pasado fueron objeto de la represin. Existe, pues, un desencuentro ideolgico. He aqu el porqu de nuestra insistencia sobre la necesidad del perdn y la reconciliacin.⁷⁹

Finalmente, das antes de la asuncin de Carlos Menem, el vicepresidente de la CEA y arzobispo de La Plata, monseor Quarracino, volvi sobre una de sus expresiones ms polmicas cuando record que en 1982 haba sostenido la necesidad de una "ley de olvido", agregando que "todo el mundo hablaba de reconciliacin, pero hay que buscar un instrumento apto para esa reconciliacin". Asegur que si Menem dictaba un indulto o amnista "para cerrar definitivamente el tema [...] lo apruebo totalmente".⁸⁰

En las palabras de Quarracino lo religioso haba cedido su lugar abiertamente a las consideraciones polticas. Sin siquiera recurrir a algn eufemismo el arzobispo dio cuenta del sentido poltico de los discursos reconciliadores que haban acompaado las intervenciones episcopales desde 1983.

 

Consideraciones finales

En el inestable contexto poltico argentino del retorno democrtico, prevaleci la imagen de una Iglesia cmplice de los militares que haban llevado adelante la masacre represiva. Numerosas voces recordaron que los militares golpistas se haban dicho inspirados en los valores catlicos. Muchos menos estuvieron dispuestos a reconocer que en 1981 los polticos proclamaron el inicio de la transicin en el marco de la reconciliacin propiciada por la Iglesia.

En buena medida, esta imagen de complicidad se consolid a partir de la posicin asumida por los obispos frente a los juicios iniciados a los militares responsables de la planificacin y ejecucin del terrorismo estatal. Si en los principales documentos colectivos dados a conocer a partir de 1981 prevaleci la idea de la reconciliacin como construccin consensuada entre los diversos actores lo que implicara gestos de acercamiento, arrepentimiento y perdn entre las partes, con el inicio de los juicios la propuesta decant, a travs de las intervenciones individuales de los obispos, en un reclamo directo de establecimiento legal de un cierre. La reconciliacin ya no fue el punto de llegada de un proceso de reencuentros sino el imperativo de una convulsionada coyuntura poltica.

Es posible observar la consigna de la reconciliacin y el perdn como el elemento de consenso en torno al cual se agruparon todos los obispos. Ahora bien, si esta consigna constituy el consenso mnimo, por debajo, diferencias polticas determinaron diferentes alineaciones dentro y fuera del campo religioso. No poda existir un significado unvoco de la reconciliacin cuando obispos como Novak o De Nevares participaban de las marchas organizadas por los organismos defensores de los derechos humanos y otros, como Medina o Quarracino, visitaban a los ex comandantes detenidos. Son aquella unidad y estas diferencias las que sustentaban el funcionamiento de una institucin como la CEA.

De esta forma, quienes ms comprometidos haban estado con el rgimen militar sostuvieron que un perdn incondicional, que se otorgaba sin mediar arrepentimiento por parte de los acusados, era la herramienta privilegiada para cerrar el pasado y reconstituir la unidad fragmentada por la represin sobre la base del olvido. Quienes se haban opuesto a la ltima dictadura defendieron una concepcin condicionada del perdn que obligaba a revisar el pasado, que no cerraba arbitrariamente las heridas sino que lo proyectaba como un horizonte a construir sobre su memoria, que mantena las alteridades, ahora resumidas en las figuras del culpable y la vctima y que, como plantearon algunos pocos obispos, nada tena que ver con la tareas de la justicia penal. En definitiva, un conjunto de condiciones que en el contexto argentino de entonces no fue posible establecer.

 

Fuentes consultadas

Hemerografa

Boletn AICA, 1983-1989, Buenos Aires.         

Boletn de la Arquidicesis de La Plata, 1983-1985, La Plata.        

Clarn, 1982-1989, Buenos Aires.         

Esqui Color, 1984, Buenos Aires

 

Bibliografa

Aboy Carls, Gerardo, Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulacin de las identidades polticas, de Alfonsn a Menem, Homo Sapiens, Buenos Aires, 2001.         

Agencia Informativa Catlica Argentina, Gua Eclesistica Argentina 1992, AICA, Buenos Aires, 1992.         

Alfonsn, Ral, Memoria poltica, FCE, Buenos Aires, 2004.         

Anales de Legislacin Argentina, La Ley, Buenos Aires, 1987, t. XLVII-A.         

Anales de Legislacin Argentina, La Ley, Buenos Aires, 1987, t. XLVII-B.         

Bourdieu, Pierre, "Gnesis y estructura del campo religioso", Relaciones, nm. 108, 2006, Zamora, pp. 29-83.         

Chumbita, Hugo, Los carapintadas. Historia de un malentendido argentino, Planeta, Buenos Aires, 1990.         

Conferencia Episcopal Argentina, Iglesia y comunidad nacional, Claretiana, Buenos Aires, 1981.         

----------, Camino de reconciliacin, Oficina del Libro, Buenos Aires, 1982.         

----------, Documentos del Episcopado argentino, 1982-1983, Oficina del Libro, Buenos Aires, 1988, t. XI.         

----------, Documentos del Episcopado argentino, 1984, Oficina del Libro, Buenos Aires, 1989, t. XII.         

----------, Documentos del Episcopado argentino, 1985, Oficina del Libro, Buenos Aires, 1989, t. XIII.         

----------, Documentos del Episcopado argentino, 1986-1987, Oficina del Libro, Buenos Aires, 1989, t. XIV.         

Derrida, Jacques, El siglo y el perdn seguido de Fe y saber, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2003.         

Di Stefano, Roberto y Loris Zanatta, Historia de la Iglesia argentina, Mondadori, Buenos Aires, 2000.         

Esquivel, Juan Cruz, Detrs de los muros. La Iglesia catlica en tiempos de Alfonsn y Menem (1983-1999),Unqui, Buenos Aires, 2004.         

Fabris, Mariano, "Poniendo la casa en orden. La crisis de Semana Santa de 1987 como crisis del discurso hegemnico sobre la democracia" en Eduardo Rinesi, Matas Muraca y Gabriel Vommaro (comps.), Si este no es el pueblo. Hegemona, populismo y democracia en Argentina, UNGS, Buenos Aires, 2009, pp. 125-139.         

Ghio, Jos Mara, La Iglesia catlica en la poltica argentina, Prometeo, Buenos Aires, 2007.        

Lefranc, Sandrine, Polticas del perdn, Ctedra, Madrid, 2004.         

Mignone, Emilio, Iglesia y dictadura, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1986.         

Multipartidaria, La propuesta de la Multipartidaria, El Cid Editor, Buenos Aires, 1982.         

Nun, Jos y Juan Carlos Portantiero (comps.), Ensayos sobre la transicin democrtica en Argentina, Puntosur, Buenos Aires, 1987.         

Obregn, Martn, Entre la cruz y la espada. La Iglesia catlica durante los primeros aos del "Proceso", Unqui, Buenos Aires, 2005.         

Verbitsky, Horacio, Doble juego. La Argentina catlica y militar, Sudamericana, Buenos Aires, 2006.         

Vezzetti, Hugo, Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.         

 

Notas

¹ Derrida, Siglo, 2003, p. 12.

² Palabras del ex presidente de facto Leopoldo F. Galtieri durante el juicio a los ex comandantes, Clarn, 18 de octubre de 1985, p. 5.

³ Bourdieu, "Gnesis", 2006, p. 59. No fue extrao que en los mencionados juicios referentes militares hayan hablado de la reconciliacin al mismo tiempo que reivindicaban la masacre represiva.

⁴ Ibid., p. 151.

⁵ Derrida, Siglo, 2003, pp. 7-8.

⁶ Lefranc, Polticas, 2004, p. 166.

⁷ Boletn AICA, 6 de enero de 1983, p. 2. Juan Carlos Aramburu naci en Reduccin, provincia de Crdoba, en 1912, fue ordenado sacerdote en 1934 y obispo en 1946. Obispo de Tucumn a partir de 1953, fue promovido a arzobispo de Tucumn en 1957. Fue trasladado a Buenos Aires y nombrado coadjutor con derecho a sucesin en 1967. Arzobispo de Buenos Aires desde 1975, fue creado cardenal por Pablo vi en 1976. Ocup la presidencia de la CEA entre 1982 y 1985. Ral Primatesta naci en Capilla del Seor, provincia de Buenos Aires, en 1919, fue ordenado sacerdote en 1942 y obispo auxiliar de La Plata en 1957. En 1961 fue nombrado obispo de San Rafael y fue promovido a arzobispo de Crdoba en 1965. En 1973 fue creado cardenal por el papa Pablo VI. Ocupo la presidencia de la CEA entre 1976 y 1982 y entre 1985 y 1990. Estanislao Karlic naci en Oliva, provincia de Crdoba, en 1926, fue ordenado sacerdote en 1954 y obispo auxiliar de Crdoba en 1977. Fue promovido a arzobispo coadjutor con derecho a sucesin y administrador apostlico de Paran en 1983. Asumi como arzobispo de Paran en 1986. Entre 1987 y 1990 se desempe como vicepresidente de la CEA. Datos obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, pp. 27, 32 y 36, y Agencia, Gua, 1992, pp. 169, 180 y 188.

⁸ Ibid., 6 de enero de 1983, Buenos Aires, p. 2. Eduardo Pironio naci en Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, en 1920, fue ordenado sacerdote en 1943, obispo auxiliar de La Plata en 1964. En 1972 fue trasladado como obispo titular a Mar del Plata. Fue creado cardenal en 1976 y designado presidente del Consejo Pontificio para los Laicos en 1984. Antonio Quarracino naci en Pollica de Salerno, Italia, en 1923, fue ordenado sacerdote en 1945 y obispo de Nueve de Julio en 1962. Fue trasladado como obispo titular a Avellaneda y promovido a arzobispo de La Plata en 1985. Fue secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano entre 1978 y 1982 y presidente entre 1983 y 1987. Datos obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, pp. 35-36, y Agencia,Gua, 1992, p. 188. El sacerdote Lucio Gera fue uno de los telogos argentinos ms importantes de las ltimas dcadas. Representante de la denominada corriente "culturalista" fue decano de la Facultad de Teologa de la Universidad Catlica Argentina en dos oportunidades (1965-1969 y 1979-1985). Su influencia qued plasmada en documentos episcopales y fue perito en las reuniones del Consejo Episcopal Latinoamericano.

⁹ "Exhortacin apostlica de Juan Pablo II Reconliatio et paenitentia", Boletn de la Arquidicesis de ha Plata,abril de 1985, pp. 13-65.

¹⁰ lbid., p. 13.

¹¹ lbid., p. 14.

¹² Ibid., "En lo dudoso libertad, en lo esencial unidad; en todo caridad".

¹³ El catolicismo argentino no escap a la represin ejercida desde el Estado a partir del golpe militar de 1976. Los grupos laicales que desde los aos sesenta haban asumido posiciones polticas comprometidas o se haban acercado a los grupos polticos ms radicalizados -particularmente los provenientes de la tendencia revolucionaria del peronismo- fueron los ms afectados. La poltica represiva incluy el asesinato y la desaparicin de laicos, religiosos e incluso del obispo de la Rioja Enrique Angelelli. Al respecto vase Mignone,Iglesia, 1986, y Verbitsky, Doble, 2006.

¹⁴ "Exhortacin apostlica de Juan Pablo II Reconcdiatio et paenitentia", Boletn de la Arquidicesis de La Plata,abril de 1985, pp. 31-32.

¹⁵ Ibid., p. 47.

¹⁶ Ibid., p. 57.

¹⁷ Lefranc, Polticas, 2004, p. 107.

¹⁸ Conferencia, Iglesia, 1981, p. 72.

¹⁹ Ibid.,p. 16.

²⁰ Ibid. El documento Iglesia y comunidad nacional fue dado a conocer en mayo de 1981 y tuvo una trascendencia mayor que la habitualmente alcanzada por los mensajes episcopales. Seguramente, el contexto poltico colabor para que no pasara inadvertido. Por aquellos das, el general Viola gobernaba el pas en medio de una profunda crisis econmica y los partidos polticos se agrupaban en la llamada Mulri-parridaria. En un clima de renue apertura poltica y de cierra disrensin del celo represor, los obispos expresaron en Iglesia y comunidad nacional su aval a la reinstitucionalizacin democrtica. Los partidos polticos se hicieron eco de esta posicin y encontraron en este documento un recurso para dar legitimidad a sus reclamos. Vase Mulriparridaria, Propuesta, 1982.

²¹ En la conceptualizacin de la represin ilegal como masacre o exterminio planificado seguimos a Hugo Vezzetti, quien utiliza estos conceptos distinguindolos de genocidio. Segn el autor, mientras "en las masacres las vctimas son elegidas por lo que hacen o piensan (o por lo que se cree que piensan y lo que se teme que puedan hacer), la lgica del exterminio genocida es que la vctima es elegida slo por lo que es sin ninguna posibilidad de elegir o actuar para evitar su destino", Vezzetti, Pasado, 2002, p. 159. Los conceptos de masacre o exterminio permiren "destacar la significacin poltica de la rragedia de los desaparecidos y evirar que en la figura del genocidio la suerte de las vctimas quede asimilada a la de un grupo iden-titario situado al margen de la lucha poltica", ibid., p. 163- Cursivas del auror.

²² Conferencia, Camino, 1982, p. 7.

²³ "En la hora actual del pas", San Miguel, 23 de abril de 1983, en Conferencia, Documentos, 1988, t. XI, p. 94.

²⁴ En el documento, las FFAA sostuvieron: "se cometieron errores que como sucede en todo conflicto blico, pudieron traspasar, a veces, los lmites del respeto a los derechos humanos, y que quedan sujetos al juicio de Dios [...] Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurdicos y administrativos se consideran muertos",Clarn, 29 de abril de 1983, p. 2.

²⁵ Ibid., 30 de abril de 1983, p. 6.

²⁶ Ibid., 6 de mayo de 1983, p. 3.

²⁷ ibid.

²⁸ Ibid., 5 de mayo de 1983, p. 3.

²⁹ "Democracia, responsabilidad y esperanza", San Miguel, 13 de abril de 1984, en Conferencia, Documentos,1989, t. XII, pp. 86-87.

³⁰ "Consolidar la patria en la libertad y la justicia", San Miguel, 11 de mayo de 1985, en ibid., t. XIII, p. 47.

³¹ "Ley 23.492", 1986, en Anales, 1987, t. XLVII-A, p. 193.

³² Clarn, 19 de diciembre de 1986, Buenos Aires, p. 8.

³³ Fabris, "Poniendo", 2009.

³⁴ "Iglesia en Argentina Levntate!", San Miguel, 2 de mayo de 1987, en Conferencia, Documentos, 1989, t. XIV, p. 139.

³⁵ El proyecto result en la sancin de la ley de Obediencia debida, "Ley 23.521", 1987, en Anales, 1987, t. XLVII-B, pp. 1548-1549.

³⁶ Miguel Esteban Hesayne naci en Azul, provincia de Buenos Aires, en 1922. Fue ordenado sacerdote en 1948 y obispo de Viedma en 1975. Jorge Novak naci en San Miguel, provincia de Buenos Aires, en 1928. Fue ordenado sacerdote en 1954 y obispo de Quilmes en 1976. Jaime de Nevares naci en Buenos Aires en 1915. Fue ordenado sacerdote en 1951 y obispo de Neuqun en 1961. Datos obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, pp. 30, 32 y 34, y Agencia, Gua, 1992, pp. 174, 179 y 186.

³⁷ Clarn, 19 de abril de 1983, p. 4.

³⁸ Esqui Color, 22 de julio de 1984, p. 16.

³⁹ Clarn, 6 de junio de 1984, p. 16.

⁴⁰ Ibid., 23 de diciembre de 1984, p. 4.

⁴¹ Boletn AICA, 12 de marzo de 1987, p. 10. Este discurso no tuvo repercusin entre los militares ni entre los sectores afines. Por eso la titular de Familiares y Amigos de Muertos por la Subversin -asociacin surgida en el mbito militar para contrarrestar el discutso de las entidades defensoras de los derechos humanos-, Hebe Solari de Berdina, luego de la condena a los ex comandantes sostuvo que la institucin que representaba no propiciaba "ninguna ley de amnista, porque amnistiar es perdonar y mucho menos acusar a las FFAA de no haber cumplido con su rol especfico que era combatir a la subversin", Clarn, 12 de diciembre de 1985, Buenos Aires, p. 6.

⁴² Clarn, 17 de febrero de 1987, Buenos Aires, p.4.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., 7 de junio de 1987, Buenos Aires, p. 4.

⁴⁵ Ibid., 26 de diciembre de 1982, Buenos Aires, p.2.

⁴⁶ Ibid., 18 de marzo de 1983, Buenos Aires, p.7.

⁴⁷ Antonio Plaza naci en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en 1909- Fue ordenado sacerdote en 1934 y obispo auxiliar de Azul en 1950. En 1955 fue promovido a arzobispo de La Plata. Se retir en diciembre de 1985 y falleci en agosto de 1987. Datos obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, p. 35.

⁴⁸ Boletn de la Arquidicesis de ha Plata, julio-agosto de 1983, p. 163.

⁴⁹ Ibid., p. 164.

⁵⁰ Clarn, 19 de agosto de 1983, p. 6.

⁵¹ Boletn AICA, 5 de enero de 1984, pp. 4-5. talo Di Stefano naci en Llamb Campbell, provincia de Santa Fe, en 1923. Fue ordenado sacerdote en 1946 y obispo de Roque Senz Pea en 1963. En 1980 fue promovido a arzobispo de San Juan. Datos obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, p. 30, y Agencia, Gua, 1992, p. 175.

⁵² Clarn, 13 de mayo de 1984, p. 7. Arnaldo Canale naci en Buenos Aires en 1925. Fue ordenado sacerdote en 1952 y obispo auxiliar de Buenos Aires en 1977. Datos obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, p. 30.

⁵³ Clarn, 6 de abril de 1985, p. 9.

⁵⁴ Ibid., 1 de abril de 1985, p. 34.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., 9 de abril de 1985, p. 7. Los posiciona-mientos de Laguna estuvieron condicionados por los del propio gobierno de quien era unos de los pocos defensores dentro del Episcopado. Por ello no result extrao que en diciembre de 1986 haya respaldado la decisin del gobierno de enviar al Congreso el proyecto de Punto Final. Justo Laguna naci en Buenos Aires en 1929. Fue ordenado sacerdote en 1954 y obispo auxiliar de San Isidro en 1975. En 1980 fue trasladado como obispo titular a Morn. Daros obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, p. 32, y Agencia, Gua, 1992, p. 180.

⁵⁷ Clarn, 17 de noviembre de 1985, p. 2.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid., 3 de diciembre de 1986, p. 7.

⁶⁰ Ibid., 15 de diciembre de 1986, p. 11.

⁶¹ Ibid., 17 de diciembre de 1986, p. 4.

⁶² Ibid., 4 de marzo de 1987, p. 4.

⁶³ Ibid., 10 de marzo de 1987, p. 4. Jos Medina naci en Buenos Aires en 1916. Fue ordenado sacerdote en 1939 y obispo auxiliar de Mendoza en 1962. En 1965 fue trasladado como obispo titular a Jujuy. Entre 1982 y 1990 se desempe como vicario castrense. Datos obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, p. 34.

⁶⁴ Clarn, 26 de mayo de 1987, p. 17. Miguel Angel Alemn naci en Buenos Aires en 1922. Fue ordenado sacerdote en 1950 y obispo en 1968. Este mismo ao fue nombrado administrador apostlico de Viedma y en 1975 fue trasladado como obispo titular de Ro Gallegos. Datos obtenidos de Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, p. 27.

⁶⁵ Chumbita, Carapintadas, 1990, p. 112.

⁶⁶ Clarn, 7 de diciembre de 1988, p. 6.

⁶⁷ Ibid., 18 de diciembre de 1988, p. 2.

⁶⁸ Gerardo Aboy Caries entiende por frontera poltica "el proceso mtico de constitucin de una abrupta diferencia respecto del pasado, la conformacin de una identidad que deviene hegemnica y que establece una radical discontinuidad con la objetividad dominante, con la sedimentacin preexistente materializada en las identidades polticas vigentes". Se trata del "planteamiento de una escisin temporal que contrasta dos espacialidades diferentes. La demonizacin de un pasado, que se requiere an visible y presente, frente a la construccin de un futuro venturoso que aparece como la contracara vis vis de ese pasado que se pretende dejar atrs", Aboy, Dos, 2001, pp. 169-170.

⁶⁹ Boletn AICA, 8 de diciembre de 1988, p. 4.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid., 22 de diciembre de 1988, p. 4.

⁷³ Clarn, 18 de diciembre de 1988, p. 20.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Boletn AICA, 5 de enero de 1989, p. 28.

⁷⁸ Ibid., 18 de mayo de 1989, p. 14.

⁷⁹ Ibid., 25 de mayo de 1989, p. 3. Desiderio Collino naci en Firmat, provincia de Santa Fe, en 1926. Fue ordenado sacerdote en 1953 y obispo auxiliar de Rosario en 1972. En este mismo ao fue trasladado como obispo titular de Lomas de Zamora. Datos obtenidos en Boletn AICA, 26 de agosto de 1982, p. 30, y Agencia,Gua, 1992, p. 174.

⁸⁰ Clarn, 28 de junio de 1989, p. 2.